La lista de clientes españoles del HSBC fue entregada por Sarkozy a Zapatero.
Miguel Cifuentes. Madrid
La amnistía fiscal concedida en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los defraudadores de la lista Falciani acabará en los Juzgados. Los altos directivos de la Agencia Tributaria tendrán que explicar a qué vino tanta benevolencia con los potentados, entre los que estaba la familia de banqueros Botín al completo, los hermanos Emilio y Jaime y todos sus hijos.
La operación fue un escándalo y permitió que 352 contribuyentes, muchos de ellos grandes fortunas, con cuentas en el banco HSBC de Suiza, salieran ilesos de las manos de Hacienda. Se libraron de sanciones y el posible expediente de delito fiscal, pagando solo las cuotas defraudadas con una simple declaración complementaria.
El juzgado número 37 de lo Penal de Madrid investigará si la Agencia Tributaria hizo dejación del deber de inspeccionar, sancionar y abrir expediente por delito fiscal a un nutrido grupo de ricos contribuyentes, con cuentas opacas en el banco suizo HSBC. Se trata de la famosa lista Falciani, entregada a Francia por el empleado del HSBC Hervé Falciani en mayo de 2010. La lista de clientes españoles fue entregada al Gobierno Zapatero por el Gobierno de Sarkozy. La ministra de Economía y Hacienda era Elena Salgado, que ordenó dar una oportunidad graciable a los defraudadores, sin castigo ni sanción, a cambio de pagar de inmediato sus deudas.
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Los directivos de la Agencia Tributaria serán investigados por regularizar sin sanciones a numerosas fortunas
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Crece la sospecha de que Hacienda obedeció instrucciones políticas para no enjuiciar a nadie por delito fiscal, porque afectaba a grandes fortunas, como las familias Botín, Masaveu, o a conocidos deportistas, como el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Los nominados en la lista Falciani, recibieron un un plazo graciable de 10 días para regularizarse sin sanciones. De los 558 requeridos por Hacienda 352 pagaron, pero no recibieron sanciones que hubieran sido del 50 al 150% de la cuota defraudada. Hacienda ingresó 264 millones de euros y solo de la familia del banquero Botín recibió 211 millones. Con sanciones y recargos hubiera alcanzado más de 500 millones de euros.
El escándalo vuelve a los periódicos porque el sindicato de funcionarios de Hacienda, Gestha, se querelló contra los tres máximos directivos de la Agencia Tributaria, por “prevaricación”, al omitir su deber de abrir procedimiento inspector y expediente de delito fiscal. Los funcionarios alegan que Hacienda fue negligente, algo imperativo cuando se descubre fraude en cuota por encima de 120.000 euros por ejercicio fiscal y contribuyente. La querella ha sido admitida a trámite y la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado número 37 investigar el asunto.
El Ministerio de Hacienda se defendió en su día diciendo que la lista era robada y los expedientes fiscales podían ser revocados por los jueces por ilegalidad de la lista. Jueces y fiscales han desmontado esa excusa. Hay sentencias condenando por delito fiscal a contribuyentes de la lista Falciani, y los jueces dicen taxativamente que la lista “es prueba legítima y fehaciente del fraude”.
La Unión Progresista de Fiscales está a favor de que la Justicia investigue la amnistía fiscal a los defraudadores de la lista Falciani. Su presidente, Alvaro Garcia Ortiz, justifica que se investigue un trato fiscal tan extraño, aunque sospecha que Hacienda puede alegar que actuó por eficacia recaudatoria y su autoridad discrecional en la inspección y sanción del fraude.
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Las asociaciones de jueces creen que el caso se resolvió de modo político y no tributario
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Los jueces piensan de modo parecido. Victoria Rosell, portavoz adjunta de la Asociación Jueces para la Democracia, señala a The Diplomat que “este caso es, como mínimo raro, por las circunstancias y los contribuyentes implicados”. Sin embargo advierte que “no debe haber muchas expectativas ya que la Audiencia de Madrid solo insta a investigar a un juzgado y no está claro que derive en responsabilidades penales o administrativas”. Rosell señala que el caso Falciani se ha resuelto de modo político mas que en el puro ámbito tributario.
Tanto Rosell como García Ortiz subrayan que en España “falta contundencia contra el delito fiscal, penado con cárcel. Hay pocas condenas por el alto listón de fraude que se ha puesto en la ley vigente”.
Hacienda está contraatacando con los éxitos recientes en la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria, gracias a la amnistía de 2012 (no la de la lista Falciani) investiga a 705 contribuyentes que se regularizaron pero son sospechosos de delito de blanqueo de capitales, y a otros 7.030 contribuyentes que no declararon sus bienes en el extranjero. Todo este enorme colectivo es sospechoso de delito fiscal.