Consejo de Seguridad de la ONU
Julio García. Madrid
La ONG Oxfam Intermón reclamó ayer a España que lidere ante el Consejo de Seguridad de la ONU “un papel clave” en la promoción de la paz y la protección civil de millones de personas en el mundo que se encuentran desplazadas internamente o refugiadas.
En un comunicado, esta organización recordó al Gobierno español que ya ha cumplido un mes en el citado consejo como miembro no permanente, y que su responsabilidad es hacer recomendaciones concretas para asegurar el liderazgo de España ante una situación humanitaria que atraviesa momentos “extremos”.
En la actualidad, más de 51 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas internamente o refugiadas, cifra sólo superada por la II Guerra Mundial. Además, la ONU solicitó a la comunidad internacional para este año 2015 un total de 6.400 millones de euros, que irían destinados a los más de 57 millones de personas que precisan asistencia urgente.
La responsable de Incidencia Humanitaria de Oxfam Intermón, Paula San Pedro, consideró que España, tras trabajar “incansablemente” para acceder al Consejo de Seguridad, cuenta ahora con una “excepcional oportunidad” para hacer frente a los retos relacionados con la inseguridad a la que se enfrenta esos millones de personas.
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La ONG recomienda el Gobierno incrementar los fondos destinados a acción humanitaria
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Otras recomendaciones al Ejecutivo español son salvaguardar los derechos de las mujeres atrapadas en los conflictos y que incremente de forma importante los escasos fondos dedicados a la acción humanitaria, que este año ascendieron a 17 millones de euros, cuando debería haber destinado 125 millones de euros.
España asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad en octubre, coincidiendo con el 15º Aniversario de la Conferencia sobre Mujer, Paz y Seguridad. Por ello, su liderazgo deberá ser importante a la hora de exigir a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz.
La legislación española adoptó a su normativa en 2014 la Regla de Oro del Tratado de Comercio de Armas que prohibe vender las convencionales a otros países cuando puedan ser utilizadas para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra. San Pedro se mostró esperanzada en que las gestiones españolas ante el Consejo de Seguridad de la ONU lleve a otros países a ratificarlo.