The Diplomat in Spain

Foto: Congreso de los Diputados

Eduardo González. Madrid

El pleno del Congreso de los Diputados aprobará el próximo 20 de noviembre el proyecto de ley del Gobierno para la regulación del proceso de celebración de los tratados internacionales. El propósito es establecer una nueva norma jurídica que sustituya a la única existente hasta la fecha, un decreto preconstitucional de 1972.

El proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales fue votado el pasado 29 de octubre en el Senado y devuelto al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva tras la incorporación de cerca de veinte enmiendas.

El objetivo de este proyecto es regular las competencias de las distintas instancias (Consejo de Ministros, Ministerio de Asuntos Exteriores, Cortes Generales, comunidades autónomas, representantes internacionales de España) en todo lo referente al proceso de celebración de un tratado internacional, tal como establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969: negociación, adopción, autenticación, autorización de firma, aplicación provisional, manifestación del consentimiento de un Estado a obligarse por un tratado, información a las Cortes, control previo de constitucionalidad y demás trámites.

Según la Convención de Viena (el llamado «Tratado de los tratados»), de la que España es parte, el proceso de celebración de las tratados internacionales está regulado, en última instancia, por las normas correspondientes a cada Estado.

En el caso de España, la única norma vigente es el Real Decreto de 24 de marzo de 1972 sobre Ordenación de la Actividad del Estado en materia de Celebración de tratados, la cual, aparte de tener un rango legislativo demasiado bajo para una materia tan importante (se trata de un decreto, no de una ley), «ha quedado obsoleto tanto por el notable desarrollo experimentado por el Derecho Internacional» como por «los profundos cambios políticos y constitucionales vividos por España desde 1972″, según el Gobierno.

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La única norma hasta la fecha era un decreto incompatible con la Constitución y el modelo autonómico

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Entre los cambios en el contexto internacional destacados por el Ejecutivo para justificar su propuesta figuran la creación de la Unión , que por su «naturaleza supranacional» y por la «atribución de amplias competencias en materia exterior» se ve obligada a la celebración de acuerdos internacionales con «consecuencias para los Estados miembros».

Asimismo, el Decreto de 1972 era en buena parte incompatible con el diseño territorial autonómico español, que descentraliza «relevantes competencias en materia de acción exterior», y con los artículos de la Constitución Española de 1978 que regulan la actividad exterior del Estado en materia de tratados internacionales. «Ello hace de todo punto necesario reemplazar el Decreto por una nueva regulación que, de forma sistemática y actualizada, regule la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales», afirma el Gobierno.