The Diplomat in Spain

Junqueras (dcha) prestó su apoyo al nuevo Gobierno de Mas en 2012. 

Rosa Paz. Madrid.

Cuando el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, comenzó su andadura hacia la convocatoria de una consulta soberanista, hace poco menos de dos años, sabía ya que la celebración de ese referéndum dependía de que fuera autorizado por el Gobierno español y, por tanto, sabía que la convocatoria tenía muy pocas posibilidades de prosperar.

En los 22 meses transcurridos desde entonces ha tenido ocasión de confirmarlo, porque, una y otra vez, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Parlamento español, e incluso el PSOE en la oposición, han bloqueado, una detrás de otra, todas las iniciativas dirigidas a llamar a los catalanes a las urnas para que se manifiesten sobre dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña sea un estado?” y “en caso afirmativo, ¿quiere que sea un estado independiente?”. La última negativa, hasta el momento, fue cuando el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria de la consulta realizada por Mas el 27 de septiembre pasado.

La suspensión cautelar del referéndum por parte del TC, el pasado día 29, y el rechazo de las alegaciones que le llegaron desde la Generalitat de Cataluña ha abierto un periodo de mayor incertidumbre en aquella comunidad autónoma. Artur Mas, ante la imposibilidad de celebrar una consulta ajustada a la ley y con reconocimiento internacional, acabó por aceptar la suspensión pese a las presiones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido independentista que le ha acompañado en esta aventura desde que CiU, la federación nacionalista moderada a la que pertenece Mas, necesitó de su apoyo para gobernar tras las elecciones del 25 de noviembre de 2012.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, le reclamaba la “desobediencia civil” y la celebración del referéndum saltándose la prohibición del TC y las leyes vigentes. Pero el presidente de la Generalitat finalmente optó por respetar los cauces legales. Pero, para sorpresa de todos, se sacó de la manga un sucedáneo de consulta que todavía nadie sabe cómo se va a desarrollar. Una consulta con urnas en las escuelas públicas, mesas formadas por voluntarios, sin censo, sin autoridad electoral, sin ley que la ampare, sin valor alguno. Una estratagema para cumplir la palabra dada de que “el 9 de noviembre los catalanes votarán, sí o sí”.

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El presidente catalán intenta tapar el fracaso de no haber planteado una reforma de la Constitución 

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La impresión general es que Artur Mas ha decidido ganar tiempo, intentar tapar el fracaso de no haber planteado una reforma de la Constitución y una negociación en serio con el Gobierno español para sondear la posibilidad de una consulta legal, pero que también movilizar a sus electores y condicionar a ERC.

¿Por qué? Porque parece que el presidente de la Generalitat descarta presentar su dimisión y ve como única salida a este embrollo la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas, a celebrar en febrero y a las que quiere dar un carácter plebiscito sobre la independencia. Pero desde hace meses los sondeos dan mucha ventaja a ERC sobre la formación de Mas, CiU, una federación de dos partidos, Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica, que corre además el riesgo de fracturarse como consecuencia, precisamente, del proceso soberanista. Así que la estrategia de Mas pasa por formar una lista única por la independencia con ERC, pero encabezada por él. Algo a lo que los republicanos catalanes se niegan, porque sospechan que es una estratagema de Mas para enmascarar su muy probable derrota electoral.

En estos días -y por iniciativa de ERC- se baraja la posibilidad de hacer una candidatura “de país” en la que, además de los dos partidos, participen las organizaciones sociales que están liderando las movilizaciones populares por la independencia: la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Una candidatura que, en principio, no encabezaría Mas y que no tendría más objetivo que lograr una mayoría absoluta que permitiera la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña.

Esa perspectiva preocupa al Gobierno y a los partidos españoles, pero también ha abierto grietas en el bloque soberanista catalán y, sobre todo, dudas sobre una declaración que tiene poco recorrido, porque no tendrá el reconocimiento internacional, pero que maniata a los grupos elegidos para afrontar cuatro años de gestión del gobierno autonómico.

Algunos dirigentes nacionalistas exploran un acuerdo con el Partido Socialista de Catalunya (PSC) que les alejaría de la independencia y les permitiría agotar la legislatura, pero parece inviable porque Artur Mas no quiere.