The Diplomat in Spain

López Garrido, portavoz de Defensa del PSOE./Foto: Twitter.

Eduardo González. Madrid.

El pleno del Congreso de los Diputados votará este miércoles la participación de unidades militares españolas en el marco de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico de Irak y Levante (EI). El PSOE ya ha anunciado que apoyará la misión porque, a su juicio, se ajusta a «la legalidad internacional», a pesar de no haberse aprobado todavía ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice expresamente el envío de tropas a la zona.

«La vamos a apoyar», declaró este martes el portavoz de Defensa del Grupo Socialista, Diego López Garrido, a The Diplomat in Spain. «Es una intervención legal porque la ha pedido un gobierno legal, y eso hace que tenga toda la legalidad internacional», añadió

La posible participación española en la coalición fue aprobada el pasado 10 de octubre por el Consejo de Ministros para combatir la «gravísima amenaza» que supone la «expansión del terrorismo especialmente sectario y cruel» del Estado Islámico. El objetivo es incorporar a unidades militares españolas en la coalición internacional para colaborar en una de las áreas en las que España tiene «más experiencia y capacidad, como es la formación y entrenamiento de personal militar iraquí», según Defensa.

La autorización sería para unos 300 efectivos y el despliegue está previsto para un plazo inicial de seis meses, prorrogable. Aparte, según el Ministerio, «en ningún caso los militares españoles intervendrán en operaciones de combate sobre el terreno». No obstante, el propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que pueden producirse «incidentes», como en cualquier otra misión, pero se excluye el combate directo. «No estamos ahí para eso», aseguró.

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Considera que la misión tiene «toda la legalidad internacional» porque la pide «un gobierno legal»

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Respecto a la legalidad de la misión, Morenés aseguró que cuenta con el respaldo de la petición de Irak –no así de Siria- y por la Resolución 2170 (2014) del Consejo de Seguridad, que dio pie a la decisión de la OTAN de intervenir bajo el liderazgo de Estados Unidos, aunque limitado a las operaciones aéreas, una estrategia que, según los expertos, no es suficiente para acabar con el EI. España anunció su incorporación a la coalición internacional ante el Parlamento y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a mediados de septiembre.

Cualquier posible misión militar terrestre precisaría del respaldo jurídico y político del Consejo de Seguridad de la ONU, que dependería en última instancia de cuál fuese la actitud de Rusia, que si por una parte ha expresado su interés en la destrucción de EI, por otra se opone abiertamente a cualquier posible intervención militar en Siria que pudiera ir anexa a la operación. «Rusia no se ha opuesto a esta misión», afirmó tajante este martes López Garrido. Moscú ha advertido de que considerará un «acto de agresión» cualquier ataque aéreo de Estados Unidos contra las posiciones del EI en territorio sirio sin previa autorización del Gobierno de Damasco o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La Resolución 2170 (2014) del Consejo de Seguridad de la ONU propone el uso de la diplomacia como herramienta para la solución del conflicto en Irak y Siria y reclama la participación y colaboración activa de los Estados y organizaciones internacionales a través de medidas contra el reclutamiento de combatientes yihadistas en el extranjero y contra la financiación y el acceso de armas al EI. No obstante, en ningún momento se apoyaba expresamente una intervención militar.

La Ley Orgánica de Defensa, citada por el Gobierno y aprobada en noviembre de 2005 por el entonces Ejecutivo socialista, indicaba que las Fuerzas Armadas sólo podrán realizar misiones en el exterior que «estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el marco de sus respectivas competencias».