Vista del Peñón de Gibraltar desde la Bahía de Algeciras.
The Diplomat. Madrid
El Gobierno gibraltareño presentó el lunes ante la Asamblea local una nueva ley de referendos que, de salir adelante en su tramitación parlamentaria, impondrá limitaciones de voto para los trabajadores españoles residentes en el Peñón o para aquellas personas que defiendan la españolidad del territorio.
El Ejecutivo de Fabián Picardo ya ha adelantado su intención de convocar consultas sobre asuntos que afecten a “relaciones internacionales, como ocurrió en 1967 y 2002”. La primera fecha corresponde al referéndum que sirvió a Gibraltar para dotarse de una Constitución local y que motivó el cierre de la Verja por parte del régimen de Franco. La segunda fue la consulta contra la cosoberanía de la Roca que en aquel momento negociaban España y el Reino Unido.
Las principales novedades de esta nueva ley de referendos que promueve el Ejecutivo de Picardo son que el ministro principal podrá convocar un referéndum con la pregunta de la consulta y el porcentaje de voto que se requerirá para que salga adelante.
Además, se permite que los residentes que no hayan nacido en el Peñón puedan ejercer su derecho al voto, pero se les exige un mínimo de 10 años de estancia ininterrumpida en la colonia británica, una condición que pocos trabajadores españoles podrán cumplir.
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La nueva ley de referendos impedirá votar a quienes presten lealtad a una potencia extranjera
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Sin embargo, el aspecto más controvertido de la ley se encuentra en el articulado que especifica qué personas tendrán la condición de votantes en un eventual referéndum. El apartado (e) del punto 7 subraya que no podrá ser incluido en el censo de votantes aquella persona “que en virtud de su propio acto se encuentre bajo el reconocimiento de lealtad, obediencia o adhesión a un Estado o potencia extranjera”.
En opinión de diplomáticos españoles consultados por The Diplomat, este requisito excluye y discrimina a todo aquel que ose defender en público la españolidad del Peñón.
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