The Diplomat in Spain

El Rey y Rajoy en su último despacho de verano en Marivent./ Foto: Casa Real / Borja Fotógrafos

The Diplomat. Madrid

La novedad en abril fue el aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias, quienes sólo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo en caso de ser procesados, según el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Gobierno. Pero no se van a quedar ahí los pasos gubernamentales en relación a la Corona. Según informaron asesores judiciales del Ejecutivo a The Diplomat, el Gobierno quiere suplir un vacío legal existente en los nombramientos de los puestos de alta dirección de la Casa del Rey que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El deseo del Ejecutivo es que la rúbrica del presidente del Gobierno en los nombramientos de los altos cargos de la Jefatura del Estado esté amparada por la ley, cosa que no ocurría hasta ahora. La Constitución fijó en su artículo 65.2 que el Rey “nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”. Es una de las escasas prerrogativas que la Carta Magna le confiere al monarca y, por lo tanto, no es necesario que el Ejecutivo respalde con su firma los cambios de personal que se producen en la Zarzuela, al igual que tampoco se entromete en el reparto de la asignación que el Congreso aprueba cada año para la Casa Real.

Así ocurrió en los primeros años de la Constitución con Adolfo Suárez de presidente del Gobierno. Sin embargo, a raíz del golpe de Estado del 23-F y de la implicación de una persona tan cercana a don Juan Carlos como Alfonso Armada –número dos de la Casa durante los primeros años de la Transición– decidió, con Felipe González ya de presidente, que cada nombramiento dentro de la Casa del Rey estuviese avalado en el BOE, de forma testimonial, con la rúbrica del jefe del Ejecutivo.

Fue una decisión que se tomó sobre la marcha, sin sustento legal, con el fin de guardar las espaldas al Rey en el caso de que algún miembro del personal de la Casa fuese procesado o investigado en alguna causa judicial. Algo que se ha producido durante la instrucción del caso Nóos con Carlos García Revenga, secretario de las infantas desde 1993, y que a punto ha estado de repetirse con Alberto Aza, el anterior jefe de la Casa, ya que el juez José Castro le tomó declaración como testigo en una pieza separada declarada secreta sobre una posible entrevista del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en la Zarzuela con el expresidente valenciano, Francisco Camps, y la alcaldesa Rita Barberá. Unas pesquisas que el instructor ya cerró para alivio de la Zarzuela.

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El proyecto de ley sobre el ejercicio del alto cargo que se tramita en el Congreso puede suplir este vacío legal

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Una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado presentar una propuesta de ley que regule los artículos constitucionales de la Corona, la opción para suplir este vacío legal en el nombramiento del personal civil de la Casa estaría, según las citadas fuentes, en el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que actualmente se encuentra en el inicio de su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En el artículo 1 del citado proyecto se especifica quién es alto cargo, pero no hay ninguna referencia al personal de alta dirección de la Zarzuela pese a que, por ejemplo, el jefe de la Casa del Rey esté equiparado al cargo de ministro. Hay un apartado (concretamente el g) que señala que son altos cargos “los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros,…”. Bastaría que se añadiese a continuación “y por la Jefatura del Estado” para suplir este vacío legal.