Entrada a la Audiencia Nacional./ Foto: La Razón
The Diplomat. 31/05/2016
El diplomático Miguel Ángel Vecino presentó el pasado viernes un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso The Diplomat, en el que pide la nulidad del último reparto de puestos en el exterior -el denominado bombo en el argot diplomático- que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, firmó el 19 de abril.
El recurso de Vecino se sustancia en tres puntos. El primero, la supuesta “incompetencia” de Margallo para resolver la convocatoria de puestos de trabajo en el extranjero por sus limitaciones en el cargo, al estar en funciones. En ese sentido, el demandante aporta el acta de la sesión de la Junta de la Carrera del pasado 31 de marzo, en la que el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cristóbal González-Aller, reconoce que nueve embajadores en el extranjero habían pedido entrar en el bombo de este año (ver pag 1, pag 2, pag 3 y pag 4).
Sin embargo, estos nueve aspirantes se encontraban “con un problema jurídico-procesal y de necesidades de servicio” ya que debían ser cesados por el Consejo de Ministros y, además, existía un dictamen de la Abogacía General del Estado “que señala que un Gobierno en funciones no puede considerar el nombramiento de altos cargos como un asunto de gestión u ordinario”.
Ante esta situación, Margallo decidió que “en principio y salvo circunstancias excepciones”, no procedería a ningún cese de embajadores. “Con todos los respetos no tiene sentido dejar vacantes puestos de embajador para nombrar cónsules generales”, advirtió González-Aller en este documento, que no es público. Por ello, Vecino estima ahora que el ministro debía haberse abstenido de resolver el bombo de este año 2016 “dada la limitación que al titular en funciones del Ministerio le impide efectuar nombramientos basados en su confianza con los nombrados”.
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El demandante ve «ilegal» el nombramiento del nuevo cónsul en Oporto al no tener la categoría exigida
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El segundo aspecto consiste en la “ilegalidad” de la orden ministerial del 19 de abril, a juicio de Vecino, al nombrar de cónsul en Oporto (Portugal) “a un funcionario de la Carrera Diplomática que no cumple el requisito exigido en la convocatoria”. El elegido para este puesto tenía que tener la categoría de ministro o consejero, según apuntó Exteriores en un escrito de febrero. Sin embargo, este puesto recayó finalmente en Aleix Garau Montané, actual subdirector general de la Oficina de Información Diplomática (OID) y cuya categoría dentro de Exteriores es la de secretario de primera.
Vecino se ampara en la sentencia de la Audiencia Nacional de octubre de 2013 por un caso muy similar que se dio en el Consulado de Houston, tras adjudicarse la plaza de cónsul a un diplomático que no contaba con la categoría exigida. El demandante en aquel caso fue José Pons, actual embajador en Malta, de ahí que en Exteriores se denomine ‘doctrina Pons’ a esta obligación interna.
El tercer argumento de Vecino es la supuesta “desviación de poder” del ministro por la “continuada denegación” de los destinos que ha pedido en el exterior desde 2012, tanto en convocatorias generales como en especiales. En la provisión de puestos para este año, este diplomático solicitó, por orden de preferencia, las segundas jefaturas de Praga, Viena y Vilnius, y los consulados de Lyon y Marsella. En el caso de Praga, el elegido finalmente fue Juan José Sanz, quien está 171 puestos por detrás de él en el escalafón de la Carrera Diplomática y tiene una categoría inferior –consejero frente a ministro plenipotenciario-.
