Foto: ACNUR
Eduardo González. 03/03/2018
El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes Generales de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, un texto aprobado en 1961 y del que España no formaba parte a pesar de los reiterados llamamientos de la ONU para que se adhiriese.
La Convención, adoptada en agosto de 1961 por la ONU, prevé la concesión de la nacionalidad a personas que de otro modo serían apátridas, siempre y cuando tengan un vínculo con el Estado por su nacimiento en el territorio o por relación filiación con un nacional. Aparte, los Estados se comprometen con este instrumento a no privar de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.
No es el primer tratado internacional sobre la materia que ratifica España muchos años después de su aprobación, ya que hasta 1997 nuestro país no se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, aprobada por la ONU en 1954 para evitar que las personas apátridas quedasen fuera de la Convención de Ginebra y, por tanto, de cualquier protección internacional.
La Convención de 1961 ha sido ratificada por más de 60 países, entre los que se encuentran Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, por citar varios ejemplos europeos.
Francia no ha ratificado la Convención, que choca con las pretensiones del Gobierno de retirar la nacionalidad a los terroristas. Aunque el texto no permite privar de la ciudadanía a ninguna persona, sí concede a los Gobiernos la facultad de retirar la nacionalidad a individuos perjudiciales para los intereses vitales del Estado.
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El texto, de 1961, ya ha sido ratificado por Alemania, Italia, Reino Unido o Portugal, pero no por Francia
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El pasado mes de septiembre, el Gobierno explicó en una respuesta parlamentaria que, “con independencia” de que España ratifique o no el texto, el Código Civil español ya contempla varias disposiciones similares a la Convención, incluida la obligación de “otorgar la nacionalidad española a los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad, así como a los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada”.
Por ese motivo, según advirtió ayer el Ejecutivo, la adhesión a la Convención “no implica reconocer un nivel de protección superior al que la legislación española ya proporciona”, pero sí representa “un mensaje de apoyo a los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas y compromiso con el Alto Comisionado para los Refugiados».
Según ACNUR, la apatridia afecta a alrededor de 12 millones de personas en todo el mundo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU había solicitado reiteradamente a España que ratificase la Convención.
