<span style="font-size: small;">Sede del Tribunal de la UE./ Foto: <strong>Cédric Puisney CC BY 2.0</strong></span> <span style="font-size: small;"><strong>The Diplomat.</strong> 12/02/2018</span> <span style="font-size: medium;"><strong>El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un plan de acción para garantizar, a lo largo de 2018, la transposición de las directivas comunitarias cuyo incumplimiento supone un riesgo de multa económica por parte de Bruselas.</strong></span> La Comisión Europea endureció en 2017 el riesgo de sanciones económicas, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para los Estados que incumplan los plazos obligatorios de transposición de las directivas. Por tanto, el nuevo plan de acción del Gobierno “responde a la nueva política de la Comisión”, según informó el Ejecutivo. “España, tradicionalmente, había venido cumpliendo de forma continuada con los objetivos de transposición establecidos por el Consejo Europeo”, aseguró el Ejecutivo. “Sin embargo, durante los años 2016 y 2017 el ritmo de transposición de directivas se ralentizó, de manera que, aparte de incumplir con los citados objetivos de transposición,<strong> en la actualidad ya hay identificadas un total de 23 directivas en riesgo de multa debido al retraso acumulado en la transposición</strong>”, añadió. El nuevo plan de acción constituye<strong> un instrumento vinculante para que los Ministerios responsables</strong> se comprometan, en el ámbito de sus competencias, a impulsar la transposición urgente de estas directivas durante el año 2018. Para ello se ha solicitado a los mismos la elaboración de unos nuevos y actualizados planes de transposición de todas y cada una de las veintitrés directivas en riesgo de multa. [hr style="single"] <span style="font-size: x-large;">El Gobierno aprueba un plan de acción para ponerse al día en 2018 a fin de evitar las multas de la UE</span> [hr style="single"] El cumplimiento del plan de acción a lo largo de 2018 “supondrá que España se adecúe a sus obligaciones de transposición en plazo, eliminando el riesgo de imposición de múltiples sanciones económicas y reiterando el compromiso tradicional de España ante las instituciones europeas con el cumplimiento de la normativa europea”, añadió el Ejecutivo. Precisamente, el Consejo de Ministros autorizó el mismo viernes la adaptación -con más de siete meses de retraso- de la legislación española a la cuarta <strong>directiva de la UE contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.</strong> El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España precisamente por no haber transpuesto la citada directiva europea, aprobada por la UE en 2015 y que se debería introducido en la legislación española a finales de junio de 2017, como muy tarde. En caso de persistir, España hubiera sido denunciada ante el Tribunal de Justicia de la UE.
