The Diplomat
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá el próximo lunes en Bruselas con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para intentar relanzar la petición de que se autorice el uso del catalán, el euskera y el gallego en los plenos del Parlamento Europeo.
El encuentro, que tendrá lugar por la tarde según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, se producirá después de que Albares enviara una carta a Metsola a finales de septiembre en la que le solicitaba una reunión para tratar este asunto y le pedía la adopción de un acuerdo administrativo que permita el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara, como ya ocurre en otras instituciones comunitarias. El ministro ya había remitido cartas similares en septiembre de 2022 y en marzo de 2024.
En la actualidad, ya existen “arreglos administrativos” en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales y el Gobierno viene reclamando que se haga lo propio también en el Parlamento Europeo.
En su misiva, Albares planteaba a Metsola la posibilidad de que esta lleve a la Mesa de la Eurocámara el acuerdo administrativo que permita el uso de catalán, euskera y gallego, usando como argumentos que en las regiones donde se hablan estas lenguas viven más de 20 millones de personas, están reconocidas por la Constitución y son lenguas de trabajo tanto en el Congreso como en el Senado.
Desde su carta a Metsola se ha producido un pequeño avance, ya que la presidenta de la Eurocámara encargó a principios de octubre que se evalúe el impacto que tendría reconocer las tres lenguas cooficiales como lenguas de uso en sus sesiones plenarias.
El encargo ha recaído en el Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, creado el pasado mes de septiembre, antes de la carta de Albrares, y que integran cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos los españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).
Según las fuentes consultadas por Europa Press en su momento, la evaluación del impacto llevará “meses más que semanas” y tiene como objetivo tener datos claros del coste que supondría la traducción en las sesiones plenarias en cuanto a personal e infraestructuras.
Oficialidad en la UE
Esta iniciativa, para la que el ministro ha pedido en varias ocasiones el respaldo del PP dado que su familia política es mayoritaria en la Eurocámara, es independiente de la iniciada el verano pasado a cambio del respaldo de Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, según se ha encargado de aclarar el Ejecutivo.
Entonces, Albares solicitó al Consejo de la UE que se incluyeran el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico como lenguas oficiales. Para que esto sea posible, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, algo que todavía no se ha conseguido dadas las reticencias de algunos socios, que temen que pueda sentar un precedente respecto a otras lenguas minoritarias.
Para superar ese escollo, el Gobierno ha propuesto que sea España quien asuma el coste de traducción que supondría la inclusión de estas tres nuevas lenguas, que vendrían a sumarse a las 24 que ya son oficiales en la UE. Según las estimaciones de Bruselas, la factura ascendería a los 132 millones de euros anuales.
Además, dada la reticencia de algunos socios, Albares ha amenazado con llevar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) “si hiciera falta”, si bien ha reconocido que aún se está “lejos” de llegar a ese punto y que no hay “obstáculos reales” para que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego pueda ser una realidad.
El ministro ha asegurado en repetidas ocasiones que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para conseguir la oficialidad de catalán, euskera y gallego, pero estos esfuerzos no parecen estar calando en la ciudadanía.
Un sondeo publicado esta semana por la Generalitat de Cataluña desvela que el 59% de catalanes considera que el Gobierno no ha hecho “todo lo que podía” para conseguir la oficialidad del catalán en la UE, mientras que un 37% piensa lo contrario y un 4% no contesta.
