<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado al Gobierno que se facilite a las mujeres afganas que huyen de la persecución en su país la posibilidad de solicitar protección internacional ante las embajadas y consulados españoles.</strong></h4> En una Proposición no de Ley presentada el pasado 25 de septiembre para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el Grupo Socialista lamenta que la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, en agosto de 2021, “supuso la vuelta de las violaciones de los derechos humanos, especialmente a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de manera constante y con absoluta impunidad”. “Aunque en un principio se comprometieron con que las mujeres afganas podrían ejercer sus derechos” dentro de los límites de su interpretación de la sharía (la ley islámica), “los talibanes han ido excluyendo sistemáticamente a las mujeres, niñas y adolescentes de la vida pública”, prosigue el texto. “A pesar de que los decretos restrictivos e impositivos implementados desde el inicio de su gobierno se presentaron como medidas provisionales para ‘proteger a la población’, particularmente mujeres, niñas y adolescentes, estas regulaciones siguen vigentes y se han endurecido tres años después”, añade. Desde agosto de 2021 las mujeres afganas tienen prohibido el acceso a la educación superior y han sido excluidas del mercado laboral, “lo que ha dañado gravemente la economía familiar de buena parte de la población, además de pretender anular al 50 % de la población y a su derecho al desarrollo y a la autonomía personal”, denuncia el PSOE. Aparte, prosigue, “todas las mujeres, sin importar su edad, viven sometidas a un estricto código de vestimenta, afrontando castigos como azotes, palizas y abusos verbales y de todo tipo en caso de ‘desafiar estas reglas’”, y “ninguna mujer puede salir de su hogar a menos que esté acompañada por un ‘mahran’, es decir, un hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido”. Asimismo, los talibanes “les niegan su libertad de expresión” y las mujeres “no pueden decidir si se casan, con quien se casan, si quieren hijos y cuantos quieren tener, como tampoco decidir si quieren o no mantener relaciones sexuales”. Esta situación se ha visto agravada por la nueva ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en el Diario Oficial, publicada el pasado 31 de julio, “aplicada por el poderoso Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, administración que potencialmente controla todos los aspectos de la vida de los afganos, tanto sociales como privados, y que garantiza la aplicación de la sharía”. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno de España a “continuar condenando todas las acciones que pongan en peligro la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas en Afganistán”, a condicionar la acción humanitaria al respeto de “la vida de las mujeres, las adolescentes y niñas afganas” y a seguir prestando apoyo económico y político a las Agencias de Naciones Unidas que todavía operan en el terreno. Asimismo, insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “continuar facilitando que los nacionales afganos, especialmente las mujeres que huyan del país por causas de persecución política cuando corra peligro su integridad física, puedan solicitar protección internacional ante las embajadas y consulados españoles”, y a apoyar el mantenimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea “contra quienes constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán”.
