Eduardo González
El Grupo Parlamentario Socialista ha instado al Gobierno español a mostrar su disconformidad y su preocupación por el contenido de la ley de agentes extranjeros del Gobierno de Georgia, a condenar cualquier forma de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que se manifiesten contra ella y a solicitar a las instituciones europeas la revisión de las negociaciones de adhesión de Georgia teniendo cuenta el cumplimiento del Estado de Derecho y de los derechos civiles
En una Proposición no de Ley presentada el pasado 27 de septiembre para su debate en la Comisión Mixta de Unión Europea, el Grupo Socialista recuerda que la ciudadanía georgiana ha protagonizado, desde hace unos meses, una ola de protestas contra la llamada ley de agentes extranjeros impulsada por el Gobierno, “inspirada en una legislación rusa de 2012 que ha sido imitada por distintos gobiernos en el mundo y que supone un significativo retroceso para los principios y valores democráticos”.
La ley fue aprobada por el Parlamento el 1 de mayo 2024 a propuesta del partido gobernante Georgian Dream (Sueño Georgiano), a pesar de “las amplias protestas y críticas, tanto desde la oposición y la sociedad civil georgiana como desde la comunidad internacional”. La ley, que entra en contradicción con la propia Constitución de la República de Georgia en su artículo 22, ha sido vetada incluso por la Presidencia del país. Aun así, el Gobierno, liderado por Irakli Kobakhidze, ha anunciado su intención de levantar el veto de la presidenta, Salomé Zurabishvili, y aprobar de todas formas la ley.
“La entrada en vigor definitiva de esta ley supondría un claro alejamiento de la República de Georgia del marco democrático y del camino de acceso a la Unión Europea. A su vez, significaría un acercamiento a los postulados del régimen de Vladimir Putin en Rusia”, advirtió el PSOE.
La moción denuncia también que la respuesta de las autoridades a algunas de las protestas contra la ley, especialmente las ocurridas durante los días 30 de abril y 1 de mayo, fueron “desproporcionadas”, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo exigió al Ministerio de Asuntos Internos que no interfiera en el derecho de manifestación y solicitó una investigación de supuestas conductas criminales por parte de agentes de la ley.
La PNL incluye también las opiniones contrarias a la ley y a la violencia contra los manifestantes por parte del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty; el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell; el comisario europeo para la Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi; el Alto Representante para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, y la Comisión de Venecia.
Asimismo, recuerda que las instituciones europeas han instado a las autoridades georgianas a que retiren la ley y mantengan su compromiso con la vía de la Unión europea, avanzando con las reformas necesarias, si siguen aspirando a entrar en la Unión Europea.
Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a condenar cualquier forma de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Georgia contra todos los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. a mostrar su disconformidad y su preocupación por el contenido de la ley de agentes extranjeros aprobada y a exigir el fin de cualquier acto de intimidación, amenazas y agresiones físicas contra representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos, activistas civiles y periodistas.
La moción insta también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a solicitar a las instituciones europeas la revisión de la situación del Estado de Derecho y los derechos civiles en Georgia, así como el estado de las negociaciones de acceso a la UE, y, por último, a expresar “el deseo del pueblo de España de que la República de Georgia pueda llegar a convertirse en miembro de la Unión Europea, una vez que cumpla con los criterios de adhesión”.
