<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que introduce, entre sus principales novedades, la concesión de “rango de ley” al compromiso de España de destinar el 0,7% a la ayuda al desarrollo y la creación de un nuevo Estatuto del Cooperante.</strong></h4> “Estamos ante una ley vanguardista que sitúa a España como un país más digno en el seno de la comunidad internacional y como un referente en los modelos de cooperación”, declaró <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares</strong>, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del anteproyecto de ley, que deroga íntegramente la Ley de Cooperación del 7 de julio de 1998, es “actualizar la política española de cooperación al desarrollo a los parámetros presentes del concierto mundial y compromisos de la Agenda 2030”, aseguró el Consejo de Ministros. Una vez aprobada la norma, el objetivo del Gobierno es que el anteproyecto llegue a las Cortes Generales a principios de abril a fin de que pueda aprobarse durante este periodo de sesiones, que concluye en junio. Según Albares, una de las principales novedades del anteproyecto de Ley es que <strong>“otorga, por primera vez, rango legal” al compromiso adquirido por España ante la ONU y la Unión Europea de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030</strong>, para lo cual “se establece una planificación plurianual basada en la disponibilidad presupuestaria”. Al respecto, el ministro recordó que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incrementan en casi 400 millones de euros la ayuda al desarrollo y recuperan “una década de retroceso” en este ámbito. La futura ley también propone <strong>“una cooperación financiera más ágil y eficaz entre todas las administraciones” implicadas en la ayuda oficial al desarrollo</strong> (Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y ayuntamientos) y propone una mejora de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de cooperación mediante la creación de <strong>un Consejo Superior de Cooperación y una Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales</strong>, como espacio de coordinación. Aparte<strong>, se eleva de rango a la Comisión Interministerial existente</strong>, a la que acudirán los secretarios de Estado. La norma, según Albares, establece “una reforma de calado del sistema de cooperación” mediante el desarrollo de <strong>un nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID) y de un nuevo Estatuto de los Cooperantes</strong> “para dignificar el trabajo y las carreras profesionales” del personal humanitario. El anteproyecto de Ley también propone un nuevo instrumento de cooperación financiera, mediante un marco normativo de subvenciones adaptado a las especificidades de la cooperación internacional, a fin de incrementar “la rapidez y agilidad para canalizar ese tipo de fondos” y para “movilizar fondos más allá de la AOD”. También prevé la creación del <strong>Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), un instrumento de cooperación financiera sin personalidad jurídica propia que asumirá las funciones del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)</strong> “con nuevos instrumentos y procedimientos más flexibles y ágiles”. Entre las <strong>prioridades geográficas</strong> de la cooperación española, el proyecto de Ley incluye por primera el Sahel y mantiene las áreas tradicionales, incluyendo América Latina y el Caribe. Asimismo, se reforzará la ayuda ante crisis imprevistas, como han sido las de Afganistán, Haití o el tifón de Filipinas. Durante la presentación del anteproyecto de Ley en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre, Albares expresó su deseo de contar con el respaldo de todos los grupos y pidió al PP que, como partido de oposición, tenga la misma actitud que tuvo el PSOE durante la aprobación de la Ley de 1998, cuando gobernaban los populares. En sus intervenciones posteriores, los grupos de la oposición ofrecieron su cooperación para sacar adelante el texto y la portavoz del PP, Paloma Gázquez, ofreció la “mano tendida” de su partido para que la ley sea “aprobada por una amplísima mayoría” y pidió al Gobierno que muestre la misma “generosidad” que tuvo el Gobierno de José María Aznar con el PSOE durante las negociaciones de la ley de 1998.
