The Diplomat
El Consejo de Ministros ordenó ayer a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda-, que compre hasta un 10% del capital social de Telefónica, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con este movimiento, que puede suponer un gasto valorado en unos 2.000 millones de euros, el Ejecutivo trata de ejercer de contrapeso a inversores extranjeros como es el caso del grupo saudí STC, ligado al fondo soberano de la monarquía árabe, que adquirió en septiembre el 9,9% del capital.
La propuesta al Consejo de Ministros partió de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y según explicó en el Senado, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la medida obedece a que Telefónica “es, sin duda -dijo-, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa».
El departamento de María Jesús Montero explicó que «Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa». Además, destacó que cuenta con un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas, que está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa.
También hizo hincapié en que proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la infraestructura integral de información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, «con un sólido posicionamiento en este sector». «La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales», subrayó Hacienda.
Cuando se complete la compra del 10% de Telefónica por parte de la SEPI, la sociedad estatal se convertiría en el principal accionista de la operadora, por delante de STC y del núcleo estable de accionistas de Telefónica, que hasta ahora encabezaba BlackRock con el 4,98%, seguido de BBVA (4,84%), y CaixaBank (3,5%).
El Ejecutivo hace hincapié en que «la entrada en el capital de la compañía va en línea con los países de nuestro entorno. Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange; o Italia, que ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia».
Sin embargo, en la oposición el anuncio causó malestar, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que no se haya contado con ellos y que se use el dinero público para fines que consideran intervencionistas. “Es un gobierno que expulsa de nuestro país a grandes empresas y aspira a controlar las que se quedan. No es una prioridad usar dinero de todos los españoles para comprar acciones de una multinacional. Y menos con la tasa de endeudamiento que tiene nuestro país», afirmó.
Este movimiento del Gobierno se produce tres meses y medio después de que la ‘teleco’ saudí STC -controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)- irrumpiese de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica con un 9,9% del capital social de la compañía. Esta operación, que se fraguó sin que la dirección de Telefónica estuviese al tanto, consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.
La normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas recoge que el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo. Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
