<h6><strong>Eduardo González-The Diplomat/Julio García-Aquí Europa</strong></h6> <h4><strong>El último Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Presidencia española de la UE solventó ayer la propuesta sobre el uso oficial del catalán, el vasco y el gallego en la Unión sin ninguna decisión concreta y con el compromiso de la próxima Presidencia belga de “hacer avanzar los trabajos sobre la solicitud de España durante su mandato”.</strong></h4> <strong>La Presidencia española del Consejo de la UE tuvo ayer su última oportunidad de incluir en el orden del día del CAG el debate sobre las lenguas</strong>. En todo caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que lidera José Manuel Albares, decidió antes de la reunión que no se llevaría a cabo ninguna votación sobre este asunto en el Consejo. De hecho, <strong>el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro</strong>, afirmó a su llegada al CAG que en el encuentro de ayer habría un nuevo debate sobre los trabajos llevados hasta ahora sobre la propuesta de la Presidencia Española de la UE para la revisión del régimen lingüístico del Consejo y del resto de instituciones, pero no hizo alusión alguna a cualquier posible votación. <strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha anunciado que mantiene conversaciones con la futura Presidencia Belga de la UE</strong> para que se siga abordando la oficialidad de estas tres lenguas en la UE a partir del próximo año. De hecho, <strong>este es uno de los pocos puntos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado algo en limpio de la reunión de ayer.</strong> Según informó el CAG al término del encuentro, los países miembros mantuvieron “un intercambio de impresiones sobre la solicitud de España” y, durante el debate, “un representante de la Delegación española destacó que, el 11 de diciembre de 2023, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, envió una carta a todas las Delegaciones en la que exponía los elementos que hacen único el caso español”. Según ha explicado Albares en varios momentos a la prensa, la reforma propuesta se circunscribe “exclusivamente al caso de España”, teniendo en cuenta “la especificidad de España por la serie de condicionantes que reúnen el catalán, el euskera y el gallego y que las convierten en un caso único en la UE”, y, por lo tanto, “otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”. Asimismo, el CAG recordó que “esta ha sido la cuarta vez que los ministros han abordado la cuestión, tras los debates anteriores sobre la solicitud de España en las sesiones del Consejo de Asuntos Generales de 19 de septiembre, 24 de octubre y 15 de noviembre de 2023”. Asimismo, prosiguió, “la Comisión se refirió a su estimación preliminar de las repercusiones en términos de costes de la solicitud de España, distribuida el 6 de diciembre de 2023”, y <strong>“la Presidencia belga entrante ha expresado su disposición a hacer avanzar los trabajos sobre la solicitud de España durante su mandato”.</strong> El citado informe preliminar de la Secretaría General de la Comisión Europea -que formaba parte de la información que el Gobierno de Sánchez presentó a sus socios en el CAG– ha estimado en 132 millones de euros el coste de la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. El estudio se basa en la estimación financiera que hizo la Comisión Europea en 2005 para la inclusión del gaélico en el régimen de lenguas oficiales en la UE, a petición de Irlanda (una medida que finalmente se aplicó en 2007). En aquel momento, se calcularon 37 millones de euros por cada lengua, pero la cifra ha aumentado a 44 millones (132 millones en el caso de tres idiomas) por la indexación de la inflación anual hasta hoy. Sin embargo, el informe de Bruselas deja claro que se trata de una estimación preliminar y que, una vez que el Consejo de la UE acepte la propuesta formalmente, se tendría que elaborar una propuesta en firme que tardaría unos seis meses en estar realizada. Por su parte, <strong>el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont</strong> ha manifestado, a través de la red X, que “durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea no se aprobará la oficialidad de la lengua catalana”. “Es un incumplimiento de lo que se nos había dicho que sería posible”, prosiguió. La oficialización del catalán en la UE (y, por extensión, del euskera y el gallego) formaba parte de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes de Junts. El debate de investidura tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre y se saldó con la renovación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A finales de octubre, Albares declaró a la prensa que “el Gobierno ha cumplido el acuerdo de llevar este asunto al Consejo de Asuntos Generales”, pero “los tiempos de Europa no son los tiempos de la política nacional”.
