Eduardo González El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, el documento que fija los objetivos y prioridades para los próximos años y que incluye, por primera vez, el África Occidental y el Sahel como región prioritaria. Tanto el Plan Director como el Real Decreto del Estatuto de las Personas Cooperantes, que también fue aprobado ayer, “son dos de los primeros hitos del despliegue de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada en febrero de 2023 por amplio consenso social y político”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de una nota de prensa. “El Plan Director sienta las bases para hacer frente a los grandes desafíos globales actuales, como la construcción de la paz, el hambre, las desigualdades o la crisis climática, y permitirá una Cooperación Española reforzada, capaz de seguir estando presente de forma eficaz donde más se la necesite”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. “La cooperación forma parte de nuestra política exterior, es una seña de identidad de la sociedad española y es nuestra mayor contribución a la paz, la prosperidad y la estabilidad del mundo”, prosiguió el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El documento, aseguró, es el resultado de “un largo proceso participativo” en el que han intervenido la sociedad civil, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios. “Tiene un amplio respaldo político y social”, añadió. África Occidental y el Sahel El nuevo Plan Director, según Albares, incluye, “por primera vez”, África Occidental y el Sahel como una de las regiones prioritarias, lo que incluirá la elaboración de una estrategia específica para esta zona. Según Exteriores, los países de origen de los flujos migratorios requieren “un refuerzo de la cooperación para abordar las causas profundas de las migraciones”. Al respecto, el Ministerio recordó los recientes viajes de Albares a Cabo Verde, Gambia y Senegal, países emisores de migración irregular, para reforzar la interlocución política y la cooperación, así como la reciente dotación de 180 millones euros para fomentar el empleo de los jóvenes en Senegal en los próximos cuatro años. Aparte, y en función del nuevo Plan Director, la Cooperación Española priorizará también el trabajo con los países socios del norte de África, Oriente Medio y el África subsahariana, así como con los países de América Latina y el Caribe. Además, se atenderá especialmente a las emergencias y a las necesidades humanitarias en Ucrania, un país identificado en el Plan Director como “de interés especial” (al igual que Afganistán) y en el que la Cooperación Española ya ha desembolsado casi cien millones de euros para acción humanitaria. El Plan Director, según el ministro, centrará su visión en el papel de la cooperación internacional para promover una “triple transición justa: social, ecológica y económica” y cumplir con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, apuesta por una serie de principios transversales a todas las acciones de la Cooperación Española mediante una serie de “sectores prioritarios”, como la construcción de la paz, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, los derechos humanos, el enfoque feminista y la igualdad de género, el acceso al agua y la educación, la sostenibilidad medioambiental, la justicia climática y la diversidad cultural. Aparte, y dentro del “compromiso de España con el multilateralismo como la vía más cierta para resolver pacíficamente los conflictos”, el Plan Director prevé la elaboración de una Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible y la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en Sevilla en 2025, explicó el ministro. Cooperantes Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó ayer el Real Decreto del Estatuto de las Personas Cooperantes, que sustituye al de 2006, y que incorpora varias novedades, como la ampliación del marco de aplicación, la mejora de los derechos de los cooperantes y sus familiares y el refuerzo de los deberes tanto de los cooperantes como de las entidades promotoras. Además, se establecen medidas para promover la formación y el desarrollo profesional de los cooperantes, así como para facilitar su reincorporación una vez finalizada su misión internacional. “Se desarrolla, por ejemplo, la previsión para que los cooperantes y los trabajadores humanitarios se beneficien de un régimen de indemnizaciones e incapacidad similar al de los periodistas que trabajan en zona de conflicto o a las tropas que participan en operaciones internacionales de paz”, explicó Albares.
