Luis Ayllón
La Corte de Magistrados de Gibraltar dictó ayer una orden de detención contra el pescador de La Línea de la Concepción Jonathan Sánchez, tras no presentarse éste al juicio al que había sido convocado por una supuesta vulneración de las leyes de pesca de la colonia británica, en las aguas que rodean el Peñón.
La orden de detención se conoció horas después de que la propia Justicia gibraltareña, tras la incomparecencia del pescador, fijara una nueva fecha para el juicio, en concreto el 2 de febrero de 2024, por considerar que la citación no le había sido entregada al acusado por correo certificado y en su domicilio. La citación le fue entregada cuando se encontraba en el barco, tras ser abordado por la Policía gibraltareña.
Para añadir más confusión a la situación, a última hora de la tarde, InfoGibraltar, el servicio de comunicación del Gobierno del Peñón, difundió una declaración del director del Ministerio Fiscal, en la que daba cuenta de que había solicitado a la Policía Real de Gibraltar que no ejecute la orden de detención de Jonathan Sánchez, hasta que no sean resueltas algunas dudas relativas al procedimiento.
La declaración del Ministerio Fiscal comienza expresando su “preocupación” por “el proceso seguido, bajo su dirección” por la mañana en la obtención de la orden de detención, con posibilidad de fianza, del pescador.
El director añade que ha ordenado que “la Corona presente una solicitud para que el asunto se vuelva a presentar ante la Corte de Magistrados para garantizar, con la notificación al acusado que sea posible en las circunstancias, que el proceso seguido resista el riguroso escrutinio aplicable en todos los aspectos del Sistema de Justicia Penal en Gibraltar”.
Y termina anunciando que ha puesto el hecho en conocimiento del comisario de Policía, “para garantizar que no se proceda a la ejecución de la orden de detención hasta que el Tribunal tenga ante sí todos los hechos y asuntos, incluidas las cuestiones de procedimiento, y determine cómo debe avanzar el asunto”.
Jonathan Sánchez, patrón del pesquero “Mi Daniela”, que viene sufriendo desde hace meses el hostigamiento por parte de embarcaciones de Gibraltar, decidió no acudir al juicio, tras la recomendación recibida desde la Secretaría General de Pesca de no hacerlo, porque las aguas en las que se le acusa de haber cometido un delito “son españolas” y por lo tanto “no existen motivos para que un particular atienda a una citación de una autoridad extrajera”.
La soberanía sobre las mencionadas aguas es reivindicada por el Reino Unido y por España, que recuerda que en el Tratado de Utrecht de 1713 las únicas aguas en las que se reconoció la soberanía británica son las del puerto de Gibraltar.
La decisión de posponer la ejecución de la orden de detención del pescador se produce en un momento en que se quiere reactivar la negociación entre el Reino Unido y la Comisión Europea sobre el futuro de la colonia, tras el Brexit. España tiene la última palabra para un posible acuerdo, y se muestra proclive a alcanzarlo, por lo que se interpreta, en medios políticos, que Gibraltar ha optado por evitar la posibilidad de un enfrentamiento.
