Eduardo González
Hace algo más de un mes, el pasado 4 de julio, se cumplieron cien años de la decisión del dictador Miguel Primo de Rivera de declarar una amnistía general para todos los implicados en el llamado “Expediente Picasso”, el informe que puso en evidencia la cadena de errores que aceleraron la derrota de España en la desastrosa guerra colonial de Marruecos.
Marruecos se había convertido a finales del siglo XIX en la última baza de España para sentirse una potencia internacional tras la pérdida del imperio colonial. Las presiones imperialistas francesas, por un lado, y las presiones de los militares, por otra, animaron a los dos grandes partidos dinásticos (Liberal y Conservador) a implicarse en el norte de África y a reclamar para España su parte del pastel en el reparto de África entre las potencias europeas, alegando supuestos derechos históricos y la defensa de las islas Canarias y de sus enclaves africanos.
Como recoge la autora Rocío Velasco de Castro, de la Universidad de Extremadura, las tropas españolas ya tuvieron que enfrentarse a finales del siglo XIX a la resistencia armada de las poblaciones locales en la llamada Guerra de Margallo (1893-1894), llamada así por el general Juan García-Margallo y García, bisabuelo del exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo y que falleció durante un enfrentamiento con las milicias rifeñas en el Fuerte de Cabrerizas Altas, en Melilla.
España se hizo oficialmente con el control de las regiones costeras del Rif, en régimen de Protectorado, gracias al tratado bilateral franco-español de1904 y, sobre todo, a la Conferencia de Algeciras de 1906 para el reparto de las zonas de influencia en Marruecos (que se completó en 1912 con la creación de una tercera administración internacional alrededor de Tánger). Gracias a ello, España había logrado el reconocimiento internacional de sus posesiones en Marruecos, pero no pudo conseguir el apoyo de las cabilas rifeñas, que empezaron a orientar sus ataques, sobre todo, hacia las instalaciones mineras españolas.
Por presión de los círculos militares y económicos, muy interesados en las muy lucrativas minas de hierro en el Rif, España se lanzó progresivamente, sobre todo a partir de 1906, a la aventura en Marruecos con un ejército mal organizado (casi 20.000 oficiales y generales para apenas 80.000 soldados) y mal preparado y en cuyas filas había empezado a medrar el grupo de militares “africanistas” que tanto peso habría de tener en la Guerra Civil de 1936-1939.
El Desastre de Annual y el expediente Picasso
La guerra en Marruecos vivió dos momentos especialmente duros, ambos con el sello del “desastre”: el Desastre del Barranco del Lobo, en julio de 1909, con más de 150 soldados españoles muertos (pocas fechas después del estallido de revueltas en Madrid y Barcelona, precisamente contra las movilizaciones forzadas de reservistas para combatir en Marruecos), y el Desastre de Annual, entre julio y agosto de 1921, que causó entre 8.000 y 13.000 muertos, cientos de heridos y más de quinientos cautivos a manos de las milicias rifeñas de un antiguo colaborador de los españoles, Abd el-Krim, y que implicó la completa desaparición de un frente de 80 kilómetros y la casi total desprotección de la Comandancia General de Melilla.
Tras conocerse la gravedad de la derrota -que generó en España una ola de indignación contra la guerra que terminó de deteriorar el régimen de la Restauración-, el recién ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, ordenó una investigación para aclarar lo sucedido y dirimir responsabilidades. A tal efecto, el 4 de agosto de 1921 se creó una comisión de investigación presidida por el general Juan Picasso González.
El expediente de la comisión, el llamado “expediente Picasso”, determinó entre las causas del desastre los abusos contra la población rifeña, que generaron una fuerte hostilidad contra la presencia española; la torpeza, la ineficacia y la cobardía de algunos altos mandos militares, las malas relaciones entre las máximas autoridades del Protectorado, los problemas de equipamiento, la falta de entrenamiento de los combatientes, los desfalcos y el contrabando de armas con el enemigo. El informe (que contribuyó a la caída del Gobierno conservador de Antonio Maura) fue entregado en abril de 1922 al Consejo Supremo de Guerra y Marina y, tras su aprobación, fue remitido en julio a las Cortes.
Aparte, el expediente Picasso (siguiendo de nuevo a la historiadora Rocío Velasco de Castro) contribuyó también a cambiar la percepción de la opinión pública sobre la guerra de Marruecos y causó una indignación social generalizada y un escándalo político que salpicó directamente al Rey Alfonso XIII y a los altos mandos del Ejército de África. A esas alturas, la sociedad española ya estaba muy polarizada no solo entre “negacionistas” y “responsabilistas”, sino incluso entre quienes extendían la culpa al Monarca y quienes no llegaban a tanto y se ensañaban solo con la clase política.
Golpe de Estado y punto final
En este contexto, las Cortes convocaron una reunión para el 2 de octubre a fin de debatir sobre la depuración de responsabilidades políticas y militares. No obstante, el debate no fue posible. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado, disolvió las Cortes y proclamó la Dictadura.
Inmediatamente después de ello, el Expediente Picasso fue devuelto al Consejo Supremo de Guerra y Marina (un órgano con competencias exclusivamente militares), que emitió su fallo y dictó unas cuantas condenas leves y escasas. Leves, escasas y sin efecto ninguno, porque, el 4 de julio de 1924, Alfonso XIII firmó una amnistía para los procesados o condenados por el Desastre de Annual que permitió dar el carpetazo final a todo el proceso de depuración de responsabilidades y acabar con las críticas a la Monarquía.
El principal beneficiario de aquella amnistía fue Dámaso Berenguer, quien, en su calidad de Alto Comisario de España en Marruecos entre enero de 1919 y julio de 1922, había sido procesado por negligencia y separado del servicio por su responsabilidad en el Desastre de Annual. Andando el tiempo, y una vez debidamente “blanqueado”, Berenguer acabó convirtiéndose en presidente del Consejo de Ministros entre 1930 y 1931, durante la llamada “Dictablanda”.
Por otra parte, el dictador Primo de Rivera (quien, curiosamente, se había significado por su rechazo a la guerra en Marruecos, hasta el punto de llegar a proponer en 1917, cuando ejercía de capitán general de Cádiz, el abandono del Rif y el canje de Ceuta por Gibraltar) decidió, en octubre de 1924, asumir personalmente el mando del Ejército de África para poner fin a la revuelta rifeña mediante una amplia ofensiva que comenzó a finales de 1924 y se prolongó a lo largo de 1925.
Para ello, contó con el apoyo de Francia, cuyas posiciones también estaban siendo amenazadas, para lanzar el célebre Desembarco de Alhucemas del 8 de septiembre de 1925, el primer desembarco aeronaval de la historia, en el que intervinieron más de 13.000 soldados y que permitió acabar con el Estado rifeño de Abd el-Krim, como recoge el historiador Alfonso Iglesias Amorín, de la Universidad de Santiago de Compostela.
Pese a esta derrota, las cabilas rifeñas siguieron resistiendo, lo que dio lugar a una vasta operación de contrainsurgencia (“pacificación”, en el lenguaje de la Dictadura) a lo largo de 1927 que permitió ocupar todo el territorio del Protectorado, desarmar a las cabilas y someterlas al mando de indígenas controlados por los militares españoles. Con ello, España consolidó su dominio en Marruecos hasta los levantamientos que habrían de poner fin al Protectorado franco-español y condujeron a la independencia del país en 1956.
...
