The Diplomat El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer que el Gobierno defenderá los intereses del sector porcino español ante posibles medidas de las autoridades china, después de que, a partir de hoy, la Unión Europea comience a aplicar aranceles a la importación de coches eléctricos desde China. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó ayer la imposición, desde este viernes, de aranceles de hasta casi el 38% que el bloque impondrá desde mañana viernes a los automóviles de batería eléctrica importados desde China, si bien lo hará de manera temporal mientras negocia con Pekín una "solución" a largo plazo para los subsidios que reciben los fabricantes chinos y que los europeos ven como una ventaja "desleal" contra sus marcas. A mediados de junio, cuando la Comisión Europea aprobó la imposición de esos aranceles, China respondió anunciando la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de leche y de cerdo europeo. La medida afectaría especialmente a España, primer exportador de carne de porcino de Europa y segundo del mundo. Ayer, Planas, que se encontraba en Pamplona para asistir a una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo ante los periodistas que se está "preparando la documentación de respuesta a la petición efectuada por las autoridades chinas". E insistió en que el Gobierno defenderá al sector porcino “que merece todo el apoyo”, dijo. En cualquier caso, dado que la Unión Europea y China aún siguen negociando sobre el asunto de los aranceles, el ministro se mostró partidario de hacer todo lo posible para evitar una guerra comercial. “Existe un margen de negociación”, indicó Planas, quien advirtió de que "las guerras comerciales no son buenas; se sabe cómo se comienza y no se sabe cómo se acaba". "Las guerras comerciales agroalimentarias -explicó- no tienen ningún sentido y sobre todo perjudican a nuestros ciudadanos, por eso justamente cuando hay una guerra comercial, las medidas de retorsión, piensen por ejemplo en el caso Airbus-Boeing, se centran en el sector agroalimentario, repercuten en la población y tienen un efecto político". Señaló el ministro que , tanto él como el titular de Economía, Empresa y Comercio, han hablado con la Comisión Europea para intentar evitar la guerra comercial con China “y particularmente .dij- que evitemos la imposición de aranceles, medida que me parecería absolutamente injusta con respecto a nuestro sector porcino". Ayer, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, manifestó en una rueda de prensa en Bruselas que “los aranceles no son un objetivo 'per se' sino un instrumento para corregir un desequilibrio”. Las reglas comunes en materia de competencia prevén que en este tipo de expedientes el Ejecutivo comunitaria pueda introducir gravámenes provisionales al cabo de los primeros nueve meses de una investigación antes de tomar una decisión definitiva al cabo de los 13 meses de máximo que puede extenderse el expediente, que en este caso será noviembre. Mamer añadió que la Comisión Europea, que habla en nombre de los 27 en materia comercial, quiere continuar el ‘diálogo’ con las autoridades chinas en aras de una solución ‘eficaz’ para todos, que, según precisó, sería un acuerdo que "corrija la ventaja injusta de que disfrutan los productores en China". El portavoz dejó claro que los gravámenes que impondrá a partir de este viernes la Unión Europea son el resultado de una investigación cuidadosa, que ha durado nueve meses y que permite demostrar de manera "factual" que el 'dumping' chino está perjudicando tanto a la industria europea del automóvil como a los empleos que dependen de la misma. El asunto genera división entre los propios 27 ya que hay gobiernos que ven con dudas la medida por miedo a una guerra comercial con el gigante asiático -como Alemania o Suecia- y otros que la defienden, como es el caso de España y Francia. Si de aquí a noviembre Bruselas considera que los aranceles deben volverse definitivos deberá entonces presentar una propuesta formal a los Veintisiete, que podrán aprobar o tumbar la decisión por mayoría cualificada. Si las capitales no logran sumar la mayoría necesaria ni a favor ni en contra, el Ejecutivo comunitario podrá entonces imponer los aranceles.
