<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Sumar, socio minoritario en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha preguntado al Ejecutivo sobre la participación de empresas españolas en la construcción y gestión de varias líneas del tren ligero que “une Jerusalén con asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania”. En su respuesta, el Gobierno se ha limitado a recordar que los derechos humanos constituyen “una piedra angular de la política exterior” y que España “mantiene su posición hacia los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados”.</strong></h4> En una pregunta registrada el pasado 2 de octubre, la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recuerda que la empresa catalana de infraestructuras COMSA se ha adjudicado la construcción y mantenimiento de la nueva línea Azul del tranvía que <strong>“une el Jerusalén israelí con asentamientos ilegales en Cisjordania, como Gilo”.</strong> Asimismo, otras empresas españolas, como la multinacional vasca CAF y las madrileñas GMV y TYPSA, ya están participando en la gestión de las líneas Roja y Verde, <strong>“que incluyen paradas en las colonias ilegales israelíes en otras zonas ocupadas de la Cisjordania palestina”,</strong> prosigue Sumar. La formación izquierdista recuerda que <strong>“el tranvía en la Jerusalén ocupada es un proyecto que vulnera la legalidad internacional”.</strong> En concreto, prosigue, “no respeta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable a los conflictos armados ni los derechos humanos, ya que se expropian terrenos palestinos bajo ocupación israelí para construir el tren ligero enlazando diferentes asentamientos ilegales -colonias- de la potencia ocupante, y facilitando la colonización y traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado”. En 2017, <strong>el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto del tranvía porque viola varias de sus resoluciones </strong>y, de hecho, <strong>otras empresas ferroviarias internacionales decidieron no acudir al concurso público por ese motivo.</strong> Sumar asegura también que “ha tenido acceso a una carta del Gobierno palestino enviada al ministro de Industria, Comercio y Turismo español, antes de conocerse la obtención por parte de COMSA de una nueva licitación, urgiendo a tomar acciones inmediatas y medidas para exigir a CAF y otras empresas la suspensión y retirada de los proyectos ilegales en los que las empresas españolas están involucradas en la Jerusalén ocupada por Israel”. Por todo ello, Sumar pregunta al Gobierno si considera que el tranvía “vulnera la legalidad internacional”, si ha informado a los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las citadas empresas españolas “de las consecuencias legales de carácter penal que puede tener su actuación conforme a lo establecido en los artículos 608 y siguientes del Código Penal” (relativos a “los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”) y si ha informado a la Fiscalía española para que “examine las responsabilidades de dichos ejecutivos”. También insta al Ejecutivo a informar sobre las medidas que va a tomar para que las empresas españolas “cesen en sus actividades ilegales en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén de manera particular”. En su respuesta, registrada el pasado 10 de noviembre, el Gobierno se limita a asegurar que “<strong>la Protección y Promoción de los Derechos Humanos constituye una piedra angular de la política exterior de España” y que “el ámbito conocido como ‘Empresas y DDHH’ es una de las prioridades de la acción exterior en materia de derechos humanos”</strong>. “Esta prioridad rige para la política exterior de España en todas las regiones y países del mundo”, prosigue. Aparte, el Ejecutivo añade que <strong>“España sigue con rigor la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados y mantiene su posición hacia los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, que se consideran una vulneración del Derecho Internacional”.</strong> <strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió en 2014 a las empresas españolas de los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos israelíes, “en consonancia con la decisión de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia”.</strong> La UE y Estados Unidos no reconocen como israelíes los Territorios Ocupados palestinos, incluidos los asentamientos.
