Pedro González / Atalayar
Las relaciones entre la Unión Europea y Argelia no atraviesan ciertamente por su mejor momento. Este viernes la UE ha iniciado un procedimiento de solución de diferencias contra el país norteafricano, a cuyas autoridades ha solicitado la celebración de consultas para abordar las restricciones impuestas a las exportaciones e inversiones de la UE.
Se trata de restricciones establecidas en 2021, agravadas posteriormente a raíz del conflicto diplomático con España, motivado por el giro operado por el Gobierno de España respecto del Sahara. La UE considera que, al imponer estas medidas restrictivas al comercio, “Argelia no respeta sus compromisos de liberalización comercial” suscritos en el Acuerdo de Asociación UE-Argelia, sellado en 2002 y en vigor desde 2005.
Aunque el inicio del procedimiento representa en sí mismo la fricción existente entre las dos partes, la UE prefiere apelar a sus deseos de “colaborar de manera constructiva con Argelia”, señalando que, de las consultas que previsiblemente habrían de entablarse, se concluya eliminando las restricciones que afectan a varios sectores del mercado, desde productos agrícolas a vehículos de motor. La Comisión Europea denuncia en particular “un sistema de licencias de importación, por parte de Argelia, que tiene los efectos de una prohibición de importación”. Asimismo, Argel ha impuesto que las subvenciones estén supeditadas al uso de insumos locales para los fabricantes de automóviles, así como un límite a la propiedad extranjera para las empresas que importan mercancías en Argelia.
El portavoz de la Comisión para asuntos comerciales, Olof Gill, durante su comparecencia en una rueda de prensa, ha evitado en todo momento referirse a este conflicto como una extensión del diferendo entre España y Argelia, señalando en todo momento al conjunto de los Veintisiete como perjudicados por las restricciones impuestas por Argelia. Sin embargo, España es uno de los países más afectados, al haber cerrado el país norteafricano la importación de productos de mármol y cerámica, uno de los principales capítulos del comercio entre los dos países, así como haber impuesto restricciones específicas a la circulación de capitales con España.
Pese a las buenas palabras del portavoz comunitario, es evidente que la iniciación de este procedimiento por parte de la UE contra Argelia demuestra que han sido infructuosos los esfuerzos por resolver las diferencias de manera amistosa. Cuando la UE emprende este tipo de acciones siempre las justifica con la finalidad de proteger los derechos de los exportadores y de las empresas de la UE que operan en el país denunciado, en este caso Argelia, y que se ven seriamente perjudicados. A ojos europeos, las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Abdelmadjid Tebboune, también perjudican a los consumidores argelinos, al disponer estos de una oferta “indebidamente restringida de productos”.
La UE es hasta ahora el mayor socio comercial de Argelia y representa la mayor parte del comercio internacional de Argelia (el 50,6% en 2023). Pero, las exportaciones totales de la UE no han hecho sino disminuir, pasando de los 22.300 millones de euros en 2015 a los 14.900 millones en 2023. En el caso de España pueden compararse los 472,9 millones de euros el valor de lo exportado a Argelia en el primer trimestre de 2022 con los apenas 245 millones alcanzados en igual periodo del presente año 2024.
Este es el segundo procedimiento que la UE emprende contra Argelia desde que entrara en vigor el Acuerdo de Asociación. En el no tan lejano 2020 Argel estableció unilateralmente diversos aranceles además de prohibir la importación de automóviles. Hubo conversaciones entre ambos y se alcanzó un acuerdo satisfactorio. La UE aboga porque ahora suceda lo mismo, pero si no se alcanzase una solución, Bruselas solicitaría la constitución de una comisión de arbitraje, fase que mostraría claramente la imposibilidad de llegar a un acuerdo por vía amistosa.
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