<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Un 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales españolas durante la IX legislatura de la Eurocámara tuvieron su origen en las instituciones europeas, según un análisis pormenorizado realizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España.</strong></h4> En concreto, <strong>de las 246 leyes aprobadas en España durante los cinco años de legislatura del Parlamento Europeo (2019-2024),</strong> 51 correspondieron a la aplicación de reglamentos europeos o a la transposición de directivas europeas en el ordenamiento jurídico español y otras 81 contenían referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias. A pesar de determinados momentos de menor actividad legislativa a escala nacional, como el que siguió a la pandemia del Covid-19 en 2020 o la disolución de las Cortes ante la convocatoria electoral en 2023, la cifra se ha mantenido significativamente estable en estos cinco años, según el citado análisis. Concretamente, el balance total durante la IX legislatura de la Eurocámara demuestra que, cada año, las decisiones adoptadas en la UE tienen una influencia directa en prácticamente el 50% de las normas que se aprueban en España. Únicamente en 2023, debido a la disolución de las Cortes Generales con motivo de la convocatoria electoral y el consecuente descenso de la actividad legislativa en España, el porcentaje anual alcanzó un inusual 72%. Asimismo, durante este primer semestre de 2024, y tras el arranque de la XV legislatura española, se han aprobado hasta el momento dos iniciativas legislativas, lo que arroja un porcentaje en lo que va de año de un 50% de leyes con rigen europeo, ya que una de ellas incluye la transposición de una Directiva europea que regula la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores de la Unión Europea. Pese a todo ello, según datos del Ministerio de Asuntos Experiores, España aún está pendiente de transponer 55 directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026. Dos de ellas, relacionadas con los gases de efecto invernadero, debían haberse transpuesto antes del 31 de diciembre de 2023, y otras tres tenían de plazo marzo, abril y mayo de 2024. <strong>246 leyes</strong> Durante este quinquenio, el Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado un total de 246 leyes. De ellas, 132 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, es decir, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas. De esas 132 normativas con origen europeo, 51 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Entre ellas destacan las Directivas sobre residuos e impacto de plásticos, la Directiva sobre cooperación fiscal en la UE, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se adapta a la nueva realidad del mercado audiovisual; la Directiva que establece un espacio ferroviario único para la UE; el Reglamento que regula la nueva Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust); o el Reglamento que recoge las normas que deberán aplicar los Estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la nueva Política Agrícola Común (PAC). Las otras 81 leyes contienen referencias a recomendaciones o decisiones europeas, es decir, respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, aunque no respondan directamente a un mandato de transposición.
