<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El auge de la inseguridad y del crimen organizado en América Latina se está convirtiendo en el caldo de cultivo para el auge de un autoritarismo de tipo “punitivo” por parte de líderes como Nayib Bukele, en El Salvador, que promueven la creencia de que la seguridad solo está garantizada si se actúa “al margen del Estado de derecho”.</strong></h4> Estas son algunas de las conclusiones del informe <a href="https://fundacionalternativas.org/actividades/informe-iberoamerica-2024/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>‘Iberoamérica 2024. El desafío de la seguridad para las democracias latinoamericanas’</strong></a> de la <strong>Fundación Alternativas</strong>, presentado este pasado jueves en la sede de la <strong>Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)</strong> en Madrid. De acuerdo con el documento, las crisis de inseguridad que vive América Latina se han convertido en “una amenaza real para las democracias”. La inseguridad ciudadana, exacerbada por el crimen organizado, el avance del narcotráfico y la violencia endémica, “no sólo destruye vidas humanas y bienestar, sino que también erosiona la confianza en el Estado y sus instituciones”, lo cual, unido a la impunidad, la corrupción y la ineficacia en la administración de la justicia, crea “un círculo vicioso que debilita las bases mismas de la democracia y del contrato social”. En estas circunstancias, el continente está experimentando un auge del <strong>“populismo autoritario”,</strong> como es el caso de Nayib Bukele, que representa una “amenaza concreta” para la democracia en América Latina porque promueve la creencia de que, para poder garantizar un bien público elemental como la seguridad, es mejor “actuar al margen del Estado de derecho”. En el caso de Ecuador, a pesar de los importantes niveles de violencia por parte de los grupos criminales organizados, el Gobierno de Daniel Noboa “mantiene su política de seguridad dentro de los límites de la Constitución, más allá de haber decretado medidas como el estado de excepción que restringen derechos y libertades”. <h5><strong>Allamand y Bachelet</strong></h5> Durante la presentación del acto, <strong>Andrés Allamand, secretario general iberoamericano</strong>, recordó que, a causa de los “enormes problemas de incremento de la delincuencia, el crimen transnacional organizado y la inseguridad”, el índice de homicidios es “tres veces mayor en Latinoamérica que en el resto del mundo”. “Estamos ante a un fenómeno con múltiples efectos, no hay una causa única, y los efectos son también múltiples”, prosiguió. La inseguridad, afirmó, “afecta a la convivencia social, aumenta la desconfianza entre las personas, repercute en la calidad de vida e imposibilita el ejercicio de los derechos cotidianos de las personas”. Además, la inseguridad genera un fuerte impacto tanto económico, ya que “<strong>el importe para combatir crimen organizado representa el 3,5 por ciento del PIB regional” </strong>(un porcentaje que “supera lo que la región ha crecido en las últimas décadas en términos de promedio”), como político, porque genera un creciente <strong>“rechazo del sistema”.</strong> “El apoyo al sistema democrático como mejor forma de gobierno ha tenido una disminución sensible”, mientras que “el apoyo a regímenes autoritarios no solo disminuye, sino que aumenta”, añadió. Por su parte, <strong>Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos</strong>, advirtió por videoconferencia de que, aunque “la democracia es el mejor sistema que tenemos, si no responde a los problemas de las personas o no cumple sus promesas se hace irreal” y, por ese motivo, tal como muestran las encuestas, <strong>las personas tienden cada vez más a preferir “un régimen eficiente, aunque sea autoritario”</strong>. Al respecto, recordó que, según el Latinobarómetro 2023, sólo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia en la región (una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% en 2010) y que, entre 2022 y 2023, el número de personas que prefieren un gobierno autoritario aumentó en todos los países, excepto en Panamá. Por ello, en un momento en el que el “miedo se ha convertido en un actor político en sí mismo”, es necesario promover “un entendimiento global ante el problema de la inseguridad y reforzar los mecanismos de solidaridad regional”, porque “no suele haber derechos humanos sin democracia ni democracia sin derechos humanos”. <strong>Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas</strong>, advirtió de que el aumento de la inseguridad refleja “un cierto fracaso” del modelo económico, que “no es capaz de integrar a todas las capas de la población”, lo cual lo convierte en “un caldo de cultivo muy peligroso para los populismos”. Según explicó durante el acto <strong>Érika Rodríguez, coordinadora del Informe y directora de la Fundación Carolina</strong>, el problema en América Latina va “más allá del narcotráfico”. “No podemos perder de vista el ciberdelito, ya que es un elemento muy depredador del sistema social”. Por su parte, <strong>Lucía Dammert, coautora del Informe y socióloga en la Universidad de Santiago de Chile</strong>, resaltó por videoconferencia la importancia de implicar a Europa en el asunto, ya que el “enorme crecimiento” de los mercados ilegales, no sólo de la droga, sino también de minerales “como el oro”, va enfocado al Viejo Continente, con “beneficios casi tan altos como los del narcotráfico”. Aparte, <strong>Mariano Bartolomé, miembro del Colegio Inter-Americano de Defensa</strong>, coincidió con Dammert en la necesidad de “desnarcotizar” la agenda, ya que la región también sufre “trata y tráfico de personas, contrabando, juego clandestino, corrupción de obra pública, falsificaciones o tráfico de oro”. Todos estos delitos generan una “enorme cantidad de lavado de dinero, pero no hay que fomentar la prevención y la represión, sino abordar todo el asunto de manera más holística”, advirtió.
