Pedro González
Periodista
Todavía hay quien se extraña de que el régimen comunista cubano siga en pie y sin el menor atisbo de que los dirigentes castristas cedan la plaza en unas elecciones libres. También hay quien estima que el chavismo-madurismo puede ser derrotado en las próximas elecciones presidenciales de 2024. E incluso que, en España, el Partido Popular, sólo o con otros partidos aliados, desbancará más pronto que tarde al sanchismo-comunismo.
Lo de Cuba ya está más que confirmado y a los cubanos, salvo un milagro que venga de algún ignoto más allá, les quedan aún muchos años de gozar de la revolución castrista. Lo de España tiene sus peculiaridades, pero cada vez parece más cierta también la profecía que le espetó en junio de 2020 el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a Pablo Casado, en aquel momento presidente del PP: “La derecha no va a gobernar nunca”.
Detengámonos ahora en Venezuela, donde mucho antes que Iglesias a Casado, el dictador Hugo Chávez ya les advirtió a sus ilusos opositores, que “la revolución bolivariana es y será eterna”. El militar presumió siempre de arrollar en las sucesivas elecciones, de forma que era siempre el pueblo el que democráticamente sostenía su sempiterno liderazgo. Hasta que decidió convocar un referéndum, convencido de que la reforma constitucional que le aseguraría le reelección indefinida sería aprobada por esa mayoría aplastante que le había apoyado en las once consultas precedentes de todo tipo. Perdió, pero desde entonces tanto él mismo como su sucesor, Nicolás Maduro, endurecieron con todo un arsenal de medidas la sistemática opresión y persecución de todo el que osara cuestionar al poder bolivariano.
La última maniobra se ha producido este pasado lunes. El Tribunal Supremo, institución que como todas las demás han sido provistas a dedo, bolivariano naturalmente, no tardó ni siquiera 24 horas en anular las elecciones primarias de la oposición, de las que debía salir el nombre que habría de enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales del próximo año. Aquí sí, los sondeos no se equivocaron y María Corina Machado se hizo con el 92% de los sufragios emitidos por los más de 2,5 millones de venezolanos que, sorteando todo tipo de trabas oficiales, se rindieron a las urnas organizadas por la Comisión Nacional de las Primarias (CNP).
Según la sentencia del Supremo bolivariano, “se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la CNP”. El tribunal exige que se le hagan llegar todos los documentos relativos a la votación: constitución de las mesas electorales, cuadernos de votación, actas de escrutinio, totalización definitiva, adjudicación y proclamación definitiva de la candidata vencedora.
Esta petición despierta no pocos miedos. Baste recordar la famosa Lista Tascón, en donde quedó registrada la identidad de los cientos de miles de firmantes que pedían la destitución de Hugo Chávez. Todos sufrieron el implacable acoso del poder: despidos más o menos fulminantes de sus empleos, acceso vedado a becas, subsidios o ayudas familiares, prohibición de acceso a empleos públicos, fiscalización de cuentas bancarias y el largo etcétera que no dejaba más alternativa que la humillación de mendigar o el exilio.
Que ni Maduro ni dirigente chavista alguno tiene la menor posibilidad de ganar unos comicios limpios lo certifica la totalidad de los diferentes sondeos que dan a Corina Machado una ventaja de entre 35 y 40 puntos. De ahí esta maniobra, orquestada de acuerdo con los jueces bolivarianos, a denuncia por cierto del conocido diputado José Brito, al que Estados Unidos señala como uno de los parlamentarios financiados por el colombiano Álex Saab, actualmente encarcelado en Miami en donde se le enjuiciará por una catarata de delitos cometidos como testaferro de Maduro y el chavismo.
También cabe destacar la voluntad del chavismo-madurismo de cercenar ahora el proceso electoral, tan solo dos semanas después de que representantes del régimen y de la oposición, bajo supervisión norteamericana, firmaran los Acuerdos de Barbados. El presidente Joe Biden, a cambio de levantar algunas de las sanciones que pesan sobre Maduro y el régimen, había exigido la conclusión de tales acuerdos y ha fijado a finales de noviembre la fecha para examinar y determinar si Caracas cumple lo acordado.
A la vista de las actuales maniobras, ejecutadas por otra parte sin tapujos, no parece que el inquilino de la Casa Blanca tenga muchas dudas al respecto.
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