<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que siete familiares de un ciudadano afgano refugiado en España han sido devueltos a Afganistán desde Pakistán a pesar de que habían solicitado la reagrupación familiar a las autoridades españolas.</strong></h4> <strong>La familia de A.K., refugiado en España desde hace seis años, fueron devueltos a Afganistán desde Pakistán el pasado 9 de octubre</strong>, pese a las graves amenazas y vulneraciones de derechos humanos que persisten en este país. Concretamente, se trata de <strong>su mujer, hijo e hija, madre, padre y dos hermanas, que llevaban casi dos años atrapados en Pakistán a la espera de una respuesta de las autoridades españolas</strong> “que no llegó a tiempo para evitar el fatal desenlace que pone en serio peligro sus vidas”, según denunció CEAR en una nota de prensa. Según informó la organización el pasado martes, <strong>un año y medio después de formalizar la solicitud, y pese a tener acreditada documentalmente la relación familiar con A.K., el consulado español les pidió pruebas de ADN</strong>, que dieron resultado positivo el pasado mes de junio. Sin embargo, <strong>casi cuatro meses después, seguían pendientes de una respuesta de la que dependía sus vidas. </strong> Durante casi estos dos años que se ha demorado la tramitación, la familia ha tenido que prorrogar su visado en Pakistán en varias ocasiones hasta septiembre de 2023. A esto se une que las autoridades pakistaníes pusieron como fecha límite el 30 de noviembre para que las personas migrantes sin autorización abandonaran el país. Como consecuencia, el pasado 9 de octubre deportaron a más de 1.700 personas afganas a su país, donde su vida y sus derechos no se ven garantizados. Entre ellas se encuentra la <strong>familia de A.K., que pese a cumplir todos los requisitos para el estatuto de protección subsidiaria en España, han visto vulnerado este derecho y el principio de no devolución por los retrasos en la tramitación.</strong> Para CEAR, <strong>“este caso demuestra una vez más la necesidad urgente de agilizar los procesos de reagrupación familiar garantizando que toda solicitud sea registrada de manera rápida y tramitada sin dilaciones indebidas”</strong>. Para garantizar esta vía legal y segura, y el derecho a vivir en familia, la organización insta a “mejorar la comunicación entre los Ministerios implicados, ampliar el número de familiares elegibles para la reagrupación, flexibilizar los requisitos para la solicitud, expedir visados y facilitar salvoconductos a las personas indocumentadas”.
