<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe sobre la gestión de pensiones, prestaciones y ayudas a emigrantes españoles residentes en el exterior, en el que se aprecia una serie de deficiencias debidas, sobre todo, a que la Dirección General de Migraciones no dispone de sistemas informáticos adecuados para la gestión de estos pagos.</strong></h4> <strong>Las acciones en favor de los emigrantes tienen como objetivo garantizar un mínimo de protección a los ciudadanos españoles en el exterior en situaciones de necesidad</strong>. Estas acciones buscan asegurar sus derechos económicos, sanitarios y sociolaborales, apoyar su integración y, en su caso, el retorno a España, según recordó el Tribunal el pasado 28 de septiembre, en una nota de prensa con motivo de la aprobación del informe. <strong>El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) constaba de más de 2,5 millones de personas registradas en 2021, de las que alrededor de 21.300 fueron beneficiarias de algún tipo de ayudas por valor de casi 52 millones de euros</strong>. De esta cantidad, 29,6 millones de euros se distribuyeron en concepto de prestaciones por razón de necesidad entre más de 11.000 personas, de las que el 74% residían en Venezuela y Argentina. Otros siete millones de euros se destinaron a pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de origen retornados y 6,7 millones fueron para prestaciones de asistencia sanitaria. El <strong>Informe</strong> de fiscalización de la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas justificadas en el ejercicio 2021, titulado <em>Acciones en favor de los emigrantes</em> y aprobado por el Tribunal de Cuentas, detecta “deficiencias notables en la aplicación informática con la que se gestionan estas ayudas”. “Estas deficiencias impiden la solicitud telemática y no permite un control automatizado sobre los expedientes ni el registro de las ayudas asistenciales extraordinarias o los programas de subvenciones”, advierte el documento. En relación con las pensiones asistenciales por ancianidad a los españoles de origen retornados, el informe constata un considerable retraso en su resolución y concesión, llegando hasta los 21 meses en algunos casos. También detecta el riesgo de percepciones indebidas pues la Dirección General de Migraciones no tiene acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, por lo que no puede comprobar la posible percepción de otras prestaciones y su compatibilidad. A la vista de los resultados alcanzados en la fiscalización, se puede concluir que <strong>la Dirección General de Migraciones no dispone de sistemas informáticos adecuados que permitan un control centralizado sobre todas las pensiones, prestaciones y otras ayudas concedidas en favor de los emigrantes.</strong> Como consecuencia de ello, la documentación justificativa de las ayudas extraordinarias y de los programas de subvenciones es heterogénea y en ocasiones deficiente (por ejemplo, la elaboración de las cuentas justificativas de los pagos librados a justificar se realiza manualmente y en formato papel), al igual que su tramitación, por lo que es necesario que las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de las Embajadas mejoren considerablemente tanto la documentación administrativa que justifica el reconocimiento de estas ayudas como el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. Por su parte, los sistemas de control y revisión de las pensiones y prestaciones no permiten conocer adecuadamente los ingresos de los beneficiarios, por lo que existe el riesgo de la percepción indebida de estas pensiones y prestaciones. <strong>El considerable retraso en la tramitación y aprobación de las cuentas justificativas de los pagos en el extranjero supone una ineficiente gestión de estas ayudas, que, a juicio del Tribunal de Cuentas, debería mejorarse.</strong> Por todo ello, <strong>el Tribunal de Cuentas recomienda modificar la aplicación informática, controlar las posibles incompatibilidades mediante el envío de información al Registro de Prestaciones Sociales Públicas y mejorar la tramitación y aprobación de las cuentas justificativas</strong> de los pagos en el extranjero, así como revisar los actuales convenios de asistencia sanitaria y modificarlos en el momento de su vencimiento.
