<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La empresa catalana de infraestructuras COMSA se ha adjudicado la construcción y mantenimiento de la nueva línea azul del tranvía de Jerusalén por 2.200 millones de euros, a pesar de un dictamen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se declaró ilegal el proyecto de tranvía por comunicar con territorio palestino ocupado por Israel.</strong></h4> Según informaron el diario económico español <em>Expansión</em> y el diario <em>Noticias de Israel</em> -que cita al Ministerio de Hacienda de su país-, el beneficiario del contrato es un consorcio formado por COMSA y sus socios israelíes de J-Train. En virtud del contrato, COMSA se encargará de construir y mantener la nueva línea de tranvía por un periodo de 35 años. Se estima que por esta vía férrea, que tendrá una longitud de 31 kilómetros y conectará el norte con el sur de Jerusalén, circularán 66 tranvías dobles que transportarán a alrededor de 250.000 personas al día. <strong>COMSA ganó el concurso a la empresa vasca CAF, que ya opera en otras dos líneas del tranvía -la roja y la verde</strong>- junto a su socia israelí Shapir. No es el único proyecto ferroviario cuya adjudicación ha intentado CAF, a la espera de la decisión de las autoridades israelíes. El pasado mes de junio, el fabricante guipuzcoano presentó sus propuestas -junto a otros tres consorcios- para la construcción de un tren ligero que unirá Haifa con Nazaret. La participación de CAF y de otras dos empresas españolas (GMV y TYPSA) en el tranvía -y presumiblemente, también la de COMSA- ha generado <strong>mucha polémica porque el recorrido del tren ligero llega hasta zonas del territorio palestino que, según la ONU, se encuentran ocupadas por Israel. </strong> En 2017, según advirtió Amnistía Internacional y recordó este pasado viernes el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, <strong>el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto del tranvía</strong> porque viola varias de sus resoluciones y, de hecho, otras empresas ferroviarias internacionales descartaron acudir al concurso público por ese motivo. Aparte, <strong>el Ministerio español de Industria, Comercio y Turismo había pedido a CAF y a GMV que presentaran, antes de un año, el análisis de un “tercero independiente” para evaluar el impacto de su trabajo en la población ocupada</strong>, al tiempo que recordó a estas empresas las directrices de la OCDE para las compañías multinacionales. CAF respondió con un informe, adelantado por <em>El Periódico de España</em>, en el que se concluye que “las actividades de CAF en Jerusalén Oriental no sugieren un escenario de fallo de sus sistemas de debida diligencia en materia de derechos humanos”. No obstante, el informe elude cualquier explicación sobre el impacto del tren ligero en un territorio ocupado. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió en 2014 a las empresas españolas de los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos israelíes, “en consonancia con la decisión de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia”. La UE y Estados Unidos no reconocen como israelíes los territorios palestinos ocupados, incluidos los asentamientos, parte de los cuales quedarían conectados con la parte israelí de Jerusalén a través del tren ligero.
