<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para modernizar y agilizar la normativa de inversiones extranjeras en España mediante la reducción de las cargas y las trabas administrativas y el recorte de los plazos de respuesta y de resolución, “que era una de las principales demandas de las empresas e inversores”.</strong></h4> <strong> </strong> Según el Gobierno, el objetivo de este real decreto es adaptar la normativa sobre inversiones extranjeras en España al marco legal de la Unión Europea a fin de “reforzar la seguridad jurídica y la exactitud de las estadísticas sobre inversión directa”. Concretamente, mediante este real decreto se desarrolla el marco normativo nacional que cambió con la introducción del artículo 7 bis de la Ley 19/2003 en 2020, que suspendía el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España que quedaban sujetas a autorización previa. Esta medida afecta al<strong> llamado escudo 'anti OPAS’, puesto en marcha por Moncloa en los primeros tiempos de la pandemia del COVID-19 para poder controlar las operaciones de inversión extranjera en empresas españolas estratégicas. </strong> Así, el nuevo real decreto de inversiones <strong>“establece el tipo de empresas extranjeras y de operaciones que necesitan o no solicitar una autorización de inversión a la administración, lo que mejora la predictibilidad de la norma”</strong>, y fija una serie de exenciones al régimen de autorización previa. <strong>También se mejoran y reducen los plazos administrativos para los inversores extranjeros</strong>, de manera que el plazo de resolución pasa de los seis meses actuales a tres meses. Aparte, se prevé la posibilidad de consulta voluntaria, vinculante para la administración y con un plazo de respuesta de 30 días hábiles. El<strong> real decreto adapta la legislación española a la normativa comunitaria en este ámbito de control de inversiones, concretamente al Reglamento de Control de Inversiones de la Unión Europea (UE) que entró en vigor en octubre de 2020, </strong>que establece un marco reglamentario para los mecanismos de control de inversiones extranjeras procedentes de fuera de la UE en los Estados miembros por motivos de seguridad y orden público. También se mejora la calidad de las estadísticas del Registro de Inversiones Exteriores, adaptándose la normativa al estándar mundial, que está contenido en la Definición Marco de Inversión Exterior Directa de la OCDE. “La atracción de inversiones extranjeras a España ha sido un elemento fundamental en el impulso de la modernización de la economía y en la creación de empleo productivo, estable y de calidad”, declaró <strong>el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.</strong> Según Gómez, 2022 fue el segundo mejor año de la serie histórica en inversión extranjera en España, con más de 34.000 millones de euros, y los datos del primer trimestre de 2023 han sido “incluso mejores”.
