<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4></h4> <h4><strong>Las diferencias entre los ministros del ala socialista y los de Sumar en el seno del Gobierno en cuestiones de política exterior se pusieron ayer de nuevo de relieve, tras una carta del titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que pidió a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para evitar que sus actividades "contribuyan al genocidio en Palestina".</strong></h4> Los ministros de Sumar en el Gobierno, comenzando por la vicepresidenta segunda y líder de la formación, Yolanda Díaz, vienen presionando para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez dé ya el paso de reconocer al Estado de Palestina y adopte medidas contra Israel. Desde que se formó el actual Gobierno, esas tensiones a cuenta del conflicto entre Israel y Palestina se han ido poniendo de relieve. Así, el propio Bustinduy y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se estrenaron en sus cargos denunciando a Israel por las “atrocidades” en Gaza. Por su parte, <strong>Yolanda Díaz anunció hace algunos meses que pretendía realizar una visita a Gaza,</strong> mientras desde <strong>el Ministerio de</strong> <strong>Asuntos Exteriores se aseguraba que no se estaba preparando nada</strong> en ese sentido. El pasado domingo, Díaz, reclamó que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del martes, el reconocimiento de Palestina como Estado, cosa que no se produjo. Ayer, <strong>Bustinduy dio un paso más, al reclamar por carta a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a "las flagrantes vulneraciones de Derechos Humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina", una situación que el ministro califica de “genocidio”.</strong> Además, emplaza a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales, incluyendo las consultas a expertos en Derechos Humanos o con grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas. Bustinduy explica que "se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU". "Lo hemos hecho porque es un mandato del derecho internacional, también de los objetivos de desarrollo sostenible, y porque hace ya tres meses que la Corte Internacional de Justicia instó a los Estados a tomar todas las acciones que sean necesarias para evitar, impedir y detener el genocidio en curso", dice el el ministro de Derechos Sociales, quien defiende el derecho de los consumidores a saber si cuando compran un bien o un servicio "están contribuyendo" directa o indirectamente a "financiar violaciones de derechos humanos". Asimismo, la carta de Bustinduy reconoce que su petición responde también a la <strong>preocupación que el jefe de la Misión de Palestina en España, Husni Abdel Wahed,</strong> le trasladó en la reciente reunión que mantuvieron sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso. Varias empresas españolas tienen intereses en Israel y algunas de ellas, en concreto,<strong> CAF, COMSA, GMV y TYPSA, trabajan actualmente en la construcción de nuevas líneas de tranvía en Jerusalén,</strong> que llegan a territorio palestino en el que han sido alzados asentamientos ilegales de colonos judíos. <h5><strong>Sorpresa en Exteriores</strong></h5> La carta de Bustinduy provocó<strong> sorpresa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el que aseguraron desconocer su existencia.</strong> "Es la primera noticia que tenemos de esa carta", dijeron fuentes diplomáticas, que calificaron a Israel de "<strong>Estado amigo de España"</strong>. "No entendemos qué quiere decir con 'el Gobierno'", afirmaron esas fuentes, que aseguraron que el Ejecutivo tiene una posición "clara" respecto a que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español". Igualmente, la misiva cogió por sorpresa al Ministerio de Economía, cuyo titular, <strong>Carlos Cuerpo</strong>, quien reconoció que no fue informado por el ministro Bustinduy ni tampoco habló con él. "Las empresas españolas son perfectamente conocedoras de sus obligaciones en el marco normativo vigente", señaló Cuerpo, agregando que entre esas obligaciones está "el respeto a los derechos humanitarios". Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, <strong>Teresa Ribera</strong> subrayó que “la implicación política del Gobierno” corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Presidencia del Gobierno, y que “la relación con las empresas y su incidencia en el comercio” corresponde al Ministerio de Economía. <h5><strong>Sumar carga contra Exteriores</strong></h5> Tras calificar Exteriores de “Estado amigo de España” a Israel, dirigentes de Sumar salieron en tromba contra el departamento que dirige José Manuel Albares, exhortándole a no tener ninguna complicidad dado que Israel es "amigo del genocidio" e incluso apelando a la ruptura de relaciones económicas. En la red social X, Sumar escribió: “Las empresas de nuestro país no deben ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino”, señalando que el requerimiento hecho por Bustinduy <strong>“es un paso necesario para avanzar hacia la paz y romper las relaciones económicas con Israel”.</strong> <strong>“No podemos ser cómplices.</strong> Necesitamos más medidas que contribuyan a alcanzar la paz: reconocimiento inmediato del Estado Palestino, llamada a consultas, ruptura de las relaciones económicas y sanciones a los colonos israelíes”, agregó en otro mensaje Sumar. Amanda Andrades, miembro de la Ejecutiva de Sumar, se dirigió expresamente al ministro de Exteriores: "Albares, date cuenta: los genocidas nunca pueden ser amigos". <h5><strong>Respuesta de la Embajada de Israel</strong></h5> Por su parte, la Embajada de Israel en Madrid emitió un comunicado en el que, sin aludir expresamente a la carta de Bustinduy, expresa su <strong>“total rechazo a la falsa acusación difundida por algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio" en Gaza.</strong> "La demonización y deslegitimación de Israel, recurriendo a acusaciones carentes de fundamento, da alas a Hamás y a quienes persiguen la desaparición del Estado de Israel", indicó la Embajada, agregando que esas acusaciones “son una clara incitación al odio y alientan el antisemitismo". La representación diplomática lamenta, asimismo, que haya “un "incompresible silencio en España de la mayoría de los intelectuales y organizaciones de Derechos Humanos ante el drama de los 132 secuestrados que siguen en manos de los terroristas de Hamás".
