<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros ha autorizado la firma <em>ad referendum</em> del Convenio entre España y Honduras para la regulación de las condiciones de entrada y permanencia de cooperantes, voluntarios y becarios de nacionalidad no hondureña vinculados a la Cooperación Española y sus familiares. </strong></h4> Asimismo, el Consejo autorizó este pasado martes la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio y su posterior remisión a las Cortes Generales. El acuerdo fue firmado <em>ad referendum</em> en Madrid, el 22 de febrero de 2023, por <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo de Honduras, Eduardo Enrique Reina, con motivo de la visita de trabajo a España de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. </strong> En aquella ocasión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta Castro celebraron el acuerdo para mejorar la situación migratoria de los cooperantes españoles en Honduras, un acuerdo que, según declaró ese mismo día el ministro Albares, “permitirá mejorar las condiciones de nuestros cooperantes en el país” y avanzar “en su protección”. En lo que respecta a las instituciones españolas, el convenio afecta únicamente a las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). <strong>AECID mantiene una presencia continua en Honduras a través de su Oficina de Cooperación Española.</strong> Gracias a los ocho acuerdos de cooperación firmados por los dos países desde 1981, se han ejecutado numerosos proyectos en sectores como educación, salud, patrimonio para el desarrollo, gobernabilidad democrática, desarrollo rural, y cultura para el desarrollo. El actual Plan Director de la Cooperación Española considera a Honduras como un País de Asociación de Renta Media. Aparte, el Marco de Asociación País 2020-2023 se alinea con la Agenda 2030 en ámbitos como el bienestar social y el crecimiento económico local, la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y colectivos discriminados por su identidad sexual y el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad democrática.
