<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que solicite a la Unión Europea el mantenimiento de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro “mientras no existan garantías fidedignas y comprobables de una transición del país hacia una democracia plena” y en respuesta a la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.</strong></h4> <strong>En una Proposición no de Ley</strong> presentada el pasado 2 de febrero para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el PP denuncia que Venezuela sufre “una profunda crisis política, económica y social, que se ha agravado en los últimos años por las acciones del régimen de Nicolás Maduro (…), <strong>una tiranía que ha impedido la celebración de elecciones libres y democráticas, ha ignorado los resultados electorales favorables a la oposición, ha violado reiteradamente los derechos humanos y ha ejercido la violencia contra la disidencia política</strong>”. Según el Grupo Popular, el régimen de Maduro “se ha empeñado en obstaculizar la celebración de elecciones verdaderas, libres, justas, abiertas y competitivas”. Ejemplo de ello, prosigue <strong>es la inhabilitación de María Corina Machado, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)</strong>, “elegida por los venezolanos como candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024 con el 93% de los más de 2,5 millones de votos emitidos en las elecciones primarias celebradas el pasado 22 de octubre”. La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de rechazar el amparo que la candidata opositora había presentado tras su inhabilitación para concurrir a elecciones, advierte e Grupo Popular, “constituye la enésima vulneración de las reglas electorales fundamentales exigibles para cualquier democracia”. <strong>“La inhabilitación de Machado es la prueba de la mala fe del régimen en el cumplimiento de los llamados ‘Acuerdos de Barbados’, a través de los cuales, Estados Unidos accedía a reconsiderar las sanciones impuestas al régimen chavista a cambio de un compromiso firme de Maduro para hacer posible un proceso electoral libre y con garantías”</strong>, añade. Por ello<strong>, la Proposición no de Ley insta al Gobierno de Pedro Sánchez a “rechazar las decisiones de diversos tribunales venezolanos, plagadas de vicios procesales, con las que se pretende inhabilitar políticamente a varios ciudadanos y muy concretamente a María Corina Machado, candidata de la oposición electa en primarias”</strong>, y a “respaldar su derecho a competir en las elecciones presidenciales de 2024”. Asimismo, pide al Ejecutivo que exija “la realización de elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, según estipulan las leyes y la Constitución de dicho país”, y con presencia de “misiones de observación electoral por parte de distintos organismos internacionales”. <strong>Las sanciones de la UE</strong> <strong>El PP insta también al Gobierno a “solicitar a la Unión Europea el mantenimiento de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro</strong> mientras no existan garantías fidedignas y comprobables de una transición del país hacia una democracia plena”, a “exigir que se permita a todos los ciudadanos venezolanos, incluidos aquellos que residen en el exterior, ejercer su derecho al sufragio” y a “reconocer la situación de emergencia humanitaria que vive Venezuela y la condición de víctimas de persecución política de los exiliados venezolanos en España”. <strong>A mediados de octubre, Estados Unidos anunció el levantamiento por seis meses de las sanciones al petróleo y el gas de Venezuela </strong>después de que el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática llegaran a un acuerdo en Barbados para la celebración de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024 y con presencia de observadores internacionales. <strong>Un mes más tarde, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE renovó por un periodo de seis meses, en lugar de un año, las sanciones contra Venezuela, después de que España recomendara la revisión de estas medidas</strong> en respuesta al Acuerdo de Barbados. Estas medidas restrictivas incluyen un embargo de armas y equipo para la represión interna, así como la prohibición de viajar y la congelación de activos de 54 personas incluidas en la lista. <h5><strong>Persecuciones, asilo y protección internacional</strong></h5> La moción del PP reclama también al Gobierno que condene “la sistemática política de criminalización, por parte del régimen de Nicolás Maduro, en contra de los ciudadanos venezolanos que han decidido ejercer sus derechos civiles y políticos en el marco de la Constitución venezolana” y que exija a Maduro “el cese inmediato del hostigamiento a líderes de partidos opositores, activistas de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y demás ciudadanos en ejercicio de sus derechos civiles y políticos”. Aparte, insta al Ejecutivo a facilitar a estas personas “la posibilidad de obtener asilo en España, si llegaren a solicitarlo”, y a facilitar “la tramitación de las solicitudes de protección internacional hechas por ciudadanos venezolanos que huyen de la opresión política y de la exclusión económica y social”.
