<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno planea proceder en enero a la reapertura formal de las actividades de la Embajada en Libia, de la que evacuó a todo su personal a finales de julio de 2014, por la inseguridad creada al agravarse los enfrentamientos entre distintas milicias armadas, según supo <em>The Diplomat</em> de fuentes diplomáticas.</strong></h4> Aunque oficialmente la Embajada no fue cerrada y siempre ha habido un embajador nombrado para Libia, en la práctica <strong>durante los últimos seis años, los asuntos relativos a ese país se han seguido desde Túnez</strong>. En Tripoli quedaron la Cancillería y la residencia del embajador, a las que se dotará de las adecuadas medidas de seguridad para su funcionamiento. En los últimos meses, el actual <strong>embajador, Javier García-Larrache</strong>, que fue nombrado el pasado 7 de julio, ha aumentado la frecuencia de sus viajes a Trípoli, para mantener<strong> contactos con los distintos actores políticos y económicos implicados en el conflicto libio.</strong> La ofensiva española para recuperar presencia en el país magrebí experimentó un sensible impulso con la <strong>visita</strong> que, <strong>a comienzos de septiembre</strong> realizó la ministra de Asuntos Exteriores, <strong>Arancha González Laya,</strong> tanto a Trípoli, a Trípoli, donde tiene su sede el GNA, el Gobierno respaldado por la ONU, como a Al Bayda, la ciudad en la que opera el Ejecutivo no reconocido en el este del país, bajo la dirección del poderoso <strong>mariscal Jalifa Hafter</strong>. El Gobierno español decidió apostar por el futuro de Libia, confiando en que lleguen a buen término los acuerdos alcanzados con las partes en conflicto bajo los auspicios de la<strong> enviada especial interina de la ONU para Libia, Stepahnie Williams</strong>, cuya tarea ha permitido fijar la celebración de elecciones el 24 de diciembre y recuperar la producción petrolera, que ya supera los 1,2 millones de barriles diarios. Desde que se produjo el viaje de la ministra, <strong>García-Larrache pasa varios días de alguna semana en Libia</strong>, desplegando una <strong>intensa agenda de contactos</strong>, uno de cuyos objetivos es lograr <strong>que las empresas españolas puedan situarse en una buena posición</strong>, si se consigue un acuerdo de paz que ponga fin a más de diez años de guerra civil, aunque, por el momento, los pactos conseguidos, tanto en el campo político como en el económico, no puedes ser considerados muy sólidos. Pero si, finalmente el acuerdo de paz sale adelante, Libia necesitará para su reconstrucción inversiones millonarias en sectores como el de las infraestructuras, donde España cuenta con empresas punteras; la Defensa; las instituciones financieras o las energías, tanto las alternativas como la tradicional de hidrocarburos. De hecho, la recuperación, el pasado mes de octubre, de la producción petrolera hizo posible la <strong>vuelta de Repsol, que ya produce 300.000 barriles diarios.</strong> La reapertura de la Embajada, en un acto público, daría a España una mayor visibilidad en un país en el que Italia ha sido el único país de la Unión Europea que ha mantenido durante estos años su Embajada en Trípoli operativa. Fuera de la Unión, lo mismo ha hecho Turquía, un país con una gran influencia en Libia, y que respalda al GNA, frente a Rusia, que apoya al mariscal Hafter, en un choque que representa el principal peligro para los acuerdos auspiciados por Naciones Unidas. Tras la reapertura, la intención del embajador es pasar temporadas más largas en Trípoli, donde estará en torno a dos semanas al mes, aunque se mantendría la infraestructura de Túnez, en previsión de que se produjera un retroceso en las negociaciones. El último avance se registro el pasado viernes, cuando el Foro de Diálogo Político Libio (LPDF) logró un acuerdo para la creación de un comité legal que estará encargado de los preparativos de las elecciones de diciembre de 2021.
