<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró ayer en el Senado que España ya ha abonado o comprometido el 46% de los 50 millones de euros anunciados el pasado mes de mayo para ayudar a los refugiados venezolanos.</strong></h4> Durante su comparecencia ante la <strong>Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Senado</strong>, la ministra precisó que la comunidad internacional ya ha abonado o comprometido el 60% de los 2.544 millones de euros (595 millones mediante donaciones y el resto a través de préstamos y otras ayudas financieras) anunciados durante la <strong>Conferencia de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos.</strong> En la conferencia de mayo -organizada conjuntamente por la Unión Europea y España con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y los Gobiernos de Canadá y de Noruega-, la propia González Laya anunció que <strong>España adelantaría este mismo año 23 de los 50 millones (el 46%) para atender las necesidades inmediatas</strong>, que han aumentado con la pandemia del COVID19, y para ayudar a medio y largo plazo a los países de acogida, especialmente Colombia, Perú y Ecuador. Casi la mitad de este primer desembolso, 12 millones de euros, se ha destinado a ACNUR y OIM y otros cinco millones servirán, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para apalancar operaciones reembolsables de desarrollo, tanto para los migrantes y refugiados venezolanos como para las comunidades de acogida. Durante su misma comparecencia de ayer en el Senado, González Laya informó de que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) prevista para 2021 ascenderá hasta los 3.114,97 millones, lo que equivaldrá al 0,25% de la RNB. <strong>“Nos hubiera gustado que este primer paso fuera más sustantivo pero somos también conscientes de las dificultades por las que atraviesa el país y por eso damos una paso adelante modesto”</strong>, admitió la ministra, quien aseguró que esta cantidad “permite mantener el objetivo de alcanzar el 0,5 por ciento” en 2023. <strong> </strong> <strong>La ministra recordó también el propósito de su Departamento de reformar la Ley de Cooperación</strong> y toda la arquitectura institucional de la cooperación española, tal como ya adelantó ella misma el pasado mes de junio ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso. Precisamente, esta misma Comisión de la Cámara Baja aprobó el pasado 16 de noviembre, por unanimidad, la creación de una subcomisión encargada de reformar el actual marco legislativo y el conjunto del sistema de la Cooperación Española. La subcomisión, que contará con quince miembros (tres socialistas, dos del PP, Vox y Unidas Podemos y uno de cada uno de los restantes grupos parlamentarios), se encargará de presentar, en un plazo máximo de seis meses, un informe que servirá de base para la aprobación de la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible (que sustituirá a la actual ley de 1998) y para la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). El objetivo de la ministra, como se encargó de recordar ayer en el Senado, es que la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible pueda aprobarse en 2021, para que ya esté operativa en 2023.
