<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Las autoridades de Panamá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han emprendido acciones legales contra un antiguo contable de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en el país centroamericano por un presunto desfalco de 4,5 millones de euros.</strong></h4> Según informó el Gobierno el pasado 23 de septiembre en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, los hechos comenzaron el pasado mes de febrero, cuando el coordinador general de la OTC alertó de la desaparición del administrativo contable y, en relación con dicha desaparición, de un presunto desfalco por parte del mismo. Concretamente, el contable estaba desaparecido desde el 14 de febrero, y ante “la imposibilidad de contactar con él por ningún medio, <strong>el coordinador se interesó por una transferencia pendiente de fondos desde una cuenta de la OTC al beneficiario de un programa de agua, <em>Programa de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rural e Indígena de Panamá con Énfasis en la Gestión Local</em>. </strong> Tras contactar con el banco, se le indicó que el saldo en la cuenta era de solamente 1.974,91 dólares. Esa misma noche puso estos hechos en conocimiento de la AECID, y en la mañana del 20 de febrero ésta se los comunicó a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, que informó a la ministra, Arancha González Laya, y a la Inspección General de Servicios del Ministerio. Por otra parte, <strong>“menos de 24 horas desde el conocimiento de los hechos” se cursaron instrucciones a la Embajada de España, que denunció los hechos ante la Fiscalía panameña</strong>. Esa primera demanda del 20 de febrero se amplió en tres ocasiones, los días 21 y 27 de febrero y el 5 de marzo, a medida que se revisó toda la documentación contable de la OTC y se obtuvo información complementaria. <strong>El 21 de febrero, se suspendió de empleo y sueldo al administrador contable de la OTC.</strong> Aparte, <strong>el embajador de España en Panamá, Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia</strong>, comunicó lo sucedido al Gobierno de Panamá y, el 28 de febrero, al Procurador General de la Nación. Entre el 10 y el 12 de marzo se desplazó a Panamá una misión de la Inspección General de Servicios del Ministerio, que elaboró posteriormente un informe sobre los hechos. <strong>El 3 de abril, el Procurador General panameño cursó orden de búsqueda</strong> <strong>y captura</strong> contra el administrativo-contable y el 14 de mayo se formalizó la contratación de <strong>un despacho de abogados local para que AECID se personase en el juicio como perjudicada</strong>. El 8 de junio se remitió al Tribunal de Cuentas el informe elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores. El 11 de junio, el embajador firmó la querella en representación de la AECID. Aunque según el diario <em>Vozpópuli</em>, el presunto desfalco fue de <strong>4,5 millones de euros</strong>, el Gobierno precisó que el caso “se encuentra en fase de investigación por parte de las autoridades panameñas, por lo que todavía no resulta posible disponer de una cifra exacta de los fondos desfalcados, ni dónde se encuentran”. “La potencial recuperación de los fondos desfalcados dependerá de la eventual detención, enjuiciamiento y sentencia del presunto autor del desfalco, todavía hoy en paradero desconocido”, añadió.
