<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español ha optado por la prudencia antes de pronunciarse oficialmente sobre el nuevo acuerdo de asilo y migración presentado el pasado miércoles por la Comisión, el cual, en contra de la postura defendida por España, no incluye un sistema de cuotas obligatorias para la distribución de refugiados y se limita a establecer un método “flexible y voluntario” para el “reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad”.</strong></h4> Según informaron fuentes diplomáticas, el Gobierno “reconoce” la labor de la Comisión y está <strong>“estudiando con atención” la propuesta</strong>. Por ello, a pesar de ser España uno de los países más afectados por estas nuevas medidas en su condición de país de “primera frontera”, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por contactar con el resto de socios europeos, no sólo los más interesados, antes de tomar partido. Estos contactos “recurrentes” constituyen “una pieza importante del proceso de evaluación”, según las mismas fuentes. España, es, con Alemania y Francia, uno de los tres países con mayor número de solicitantes de asilo en la UE. De momento, ya se han pronunciado otros países. Es el caso de <strong>Francia</strong>, cuyo ministro del Interior, Gérard Dalmanin, ha visto cosas “positivas” en la propuesta europea y ha reclamado una reforma "en profundidad" de la política migratoria para establecer "un justo equilibrio entre responsabilidad y solidaridad". Por su parte, el ministro del Interior de <strong>Alemania</strong> (y actual presidente del Consejo de Ministros de Interior de la UE), Horst Seehofer (CSU), ha declarado que la propuesta de la Comisión de la UE es una "buena base" para futuras negociaciones y ha dado a entender que los países que se muestren menos solidarios, como Hungría o Austria, debería enfrentarse a desventajas financieras. Entre los países de “primera frontera”, el primer ministro de <strong>Italia</strong>, Giuseppe Conte, declaró a través de Twitter que el acuerdo es “un paso importante hacia una verdadera política migratoria europea” y reclamó, dentro del propósito de combinar solidaridad y responsabilidad, que haya más “seguridad en la repatriación y la redistribución” porque “los países de llegada no pueden gestionar solos los flujos para Europa”. El Gobierno de <strong>Grecia</strong>, otro de los grandes afectados, advirtió de que seguirá insistiendo en favor de una cuota de distribución obligatoria para los solicitantes de asilo y refugiados. Ésa ha sido, hasta la fecha, la postura del Gobierno español, cuya <strong>ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, reiteró el pasado martes en el Senado que los países de “primera frontera”, como España y Grecia, “no pueden ser los únicos responsables de la gestión de la migración en Europa” y aseguró que el Gobierno esperaba “con atención” la nueva propuesta de la Comisión Europea. Entretanto, los países que probablemente más han condicionado el debate, <strong>Hungría, Polonia y Austria</strong>, han rechazado el nuevo acuerdo con sus argumentos habituales. El primer ministro checo, Andrej Babis, calificó la propuesta de la Comisión de “estupidez”, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, afirmó que el nuevo pacto “no supone ningún gran avance” y el canciller de Austria, Sebastian Kurz, pidió que la UE refuerce sus fronteras y rechazó el término “solidaridad” para referirse el tema del asilo.
