<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros remitió este pasado martes a las Cortes Generales el Acuerdo Marco entre España, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones, al tiempo que autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.</strong></h4> El acuerdo con el BID y la Corporación (BID Invest , la entidad del BID encargada de promover y apoyar al sector privado y a los mercados de capital en América Latina y el Caribe) fue <strong>suscrito en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018</strong> por la actual vicepresidenta para Asuntos Económicos y entonces ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en su calidad de gobernadora de España en el BID; y Luis Alberto Moreno, presidente de BID y presidente del Directorio Ejecutivo de BID Invest. En aplicación de este Acuerdo Marco, ese mismo día también se firmó el Convenio entre España, BID y BID Invest para la modificación y reformulación del Fondo General de la Cooperación Española (FGCE), que reemplaza el convenio de 2011. Tanto el Acuerdo Marco como el convenio se aplican de forma provisional desde entonces. El objetivo del Acuerdo Marco es extender las actuales relaciones de cooperación entre España y el Banco en materia de cofinanciación, cooperación técnica y recursos humanos a la Corporación, de manera que pueda participar de las herramientas y programas bilaterales ya establecidos, especialmente del FGCE, principal instrumento de cooperación financiera entre España y el Banco. Aparte, <strong>el Acuerdo Marco permitirá poner en marcha proyectos de infraestructuras sostenibles en sectores estratégicos para los países de América Latina</strong>, como agua y saneamiento, movilidad, energía, gestión de residuos sólidos e infraestructura social. Según el Gobierno, las empresas españolas cuentan con un importante <em>know-how</em> en estos sectores y, por tanto, con Wuna ventaja comparativa respecto a otros competidores”. Aunque el acuerdo no menciona a la pandemia del <strong>COVID-19</strong> ni a sus consecuencias económicas, su autorización y remisión a las Cortes coinciden con la reiterada petición de la ministra de Asuntos Exteriores, <strong>Arancha González Laya,</strong> a los organismos financieros internacionales para que ayuden a los países de renta media, con mención especial a Iberoamérica, a superar las consecuencias económicas y sociales de la crisis mediante el acceso a la financiación y a la liquidez en unos términos lo más cercanos posible a los que se ofrecen a los países del resto del mundo.
