<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español ha defendido ante sus socios comunitarios que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), una agencia dependiente de la UE, establezca los criterios comunes para la apertura de las fronteras interiores de la Unión y del espacio Schengen, así como los métodos de control y seguimiento de los viajeros de acuerdo con unos parámetros epidemiológicos objetivos.</strong></h4> El pasado martes, <strong>la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto</strong>, declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo está trabajando con los socios europeos para “definir reglas comunes que ofrezcan todas las garantías de seguridad” e incluso puso como ejemplo el protocolo de seguridad sanitaria recientemente anunciado por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y el ECDC por encargo de la Comisión Europea. España abrirá sus fronteras con los países de la UE y del espacio Schengen el próximo 1 de julio, una fecha en la que, a juicio del Gobierno, ya se habrá completado la desescalada de la epidemia del COVID-19 y se habrá alcanzado la “nueva normalidad”. En este aspecto, España va un poco por detrás de otros países, como Italia (que abrirá sus fronteras hoy mismo, lunes 1 de junio) o como Francia y Alemania, que prevén hacerlo el 15 de junio (en el caso de Alemania, acompañado de una serie de recomendaciones para unificar criterios con el resto de países europeos, entre ellos la adopción de un umbral de 50 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes durante siete días como límite máximo para admitir viajeros). En todo caso, el Gobierno español considera que no se deben abrir las fronteras hasta que no se den las condiciones epidemiológicas y las capacidades de atención médica adecuadas. Por ello, <strong>el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha insistido ante sus socios europeos en la necesidad de fijar unos criterios objetivos comunes y aceptados por todos y que no dependan, en última instancia, de decisiones unilaterales ni de negociaciones bilaterales.</strong> El organismo más adecuado para ello, según indicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, es el <strong>Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades</strong>, una agencia de la UE con sede en Estocolmo, que se debería encargar, a juicio de España, <strong>de determinar los criterios, las condiciones y los protocolos de seguridad comunes en toda Europa para viajeros y turistas y de establecer los “protocolos de consenso” que obliguen a todos los países de la UE y del espacio Schengen a asumir las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades en caso de detectarse casos positivos o nuevos brotes de coronavirus.</strong> Las mismas fuentes se mostraron convencidas de que los Estados de la UE alcanzarán un consenso en esta materia en el plazo de una o dos semanas. Por otra parte, el levantamiento de las fronteras interiores con la UE y el espacio Schengen por parte de España implicará el levantamiento automático de la cuarentena impuesta a los viajeros. A cambio, se habilitarán una serie de protocolos sanitarios para los viajeros y turistas que entren en España, como la toma de temperatura, la inspección visual de los pasajeros, la obligatoriedad de rellenar un formulario sanitario con sintomatologías o contactos con casos y otros detalles. Esta cuarentena y el cierre de fronteras se mantendrán, de momento, para los terceros países, salvo algunas excepciones, como Nueva Zelanda o Corea del Norte, donde la pandemia está mucho más controlada. A juicio de España, y dentro de su línea, <strong>estos controles en las fronteras también deberían ser comunes para todos los países de la UE. </strong>Con ese fin, el Gobierno está trabajando estrechamente con la Organización Mundial del Turismo (OMT), que el pasado jueves presentó sus <a href="https://thediplomatinspain.com/2020/05/la-omt-apuesta-por-la-seguridad-e-innovacion-como-pilares-para-recuperar-el-turismo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">directrices</a> para ayudar al sector turístico a emerger de la crisis del COVID-19, que incluyen la recomendación de restablecer la confianza de los viajeros a través de protocolos de seguridad diseñados para reducir los riesgos, como escáneres de temperatura y pruebas de detección, entre otros.