The Diplomat
El impacto socioeconómico del COVID-19 en América Latina y el Caribe podría potencialmente dejar a cerca de 14 millones de personas vulnerables en inseguridad alimentaria severa durante este año, según las proyecciones del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés). Esta estimación amerita atención urgente para salvar vidas.
En un comunicado de prensa el director regional para América Latina del WFP, Miguel Barreto, advierte que “es vital y urgente que prestemos asistencia alimentaria al creciente número de personas vulnerables en la región, así como a aquellos que dependen de un trabajo informal”.
El Programa Mundial de Alimentos estima que unos 10 millones de personas adicionales serían empujadas aún más a la pobreza y al hambre en 11 países de la región y en pequeños estados insulares en desarrollo en el Caribe. En 2019, 3,4 millones de personas se enfrentaban a una inseguridad alimentaria severa, según los datos del organismo multinacional.
Las proyecciones de inseguridad alimentaria severa de WFP se enfocan en países y subregiones donde la organización presta asistencia técnica a los gobiernos y tiene operaciones en curso. Este es el caso de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, y pequeños estados insulares del Caribe.
Entre otros datos, el informe de del WFP señala que «el número total de personas en inseguridad alimentaria severa aumentaría de 3,4 millones en 2019 a unos 13,7 millones durante el 2020 debido en gran parte a la COVID-19». En Haití, el número de personas en inseguridad alimentaria severa subiría de 700.000 a 1,6 millones. La población de migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú con inseguridad alimentaria severa subiría de 540.000 personas a más de 1 millón. En el Corredor Seco de Centroamérica, el número de personas con inseguridad alimentaria severa subiría de más de 1,6 millones a cerca de 3 millones. En junio se inicia la temporada ciclónica en la región, un riesgo adicional para el cual los gobiernos necesitan prepararse.
