<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha reclamado al Gobierno que “manifieste su visión” sobre las acciones unilateralmente adoptadas por Marruecos en las fronteras con Ceuta y Melilla y que constituya una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación en estas dos ciudades.</strong></h4> La Proposición no de Ley (PNL), presentada el pasado 27 de abril para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, recuerda que, el 31 de julio de 2018, <strong>el Gobierno de Marruecos decidió cerrar unilateralmente la aduana comercial en la frontera internacional de Beni Enzar, en Melilla</strong>, “con el consiguiente y significativo perjuicio a la estabilidad económica de la ciudad española en los sectores comercial y del transporte internacional de mercancías”. El motivo alegado para el cierre, que “ya se prolonga por más de veinte meses”, es la necesidad de promocionar la actividad comercial a través del puerto marroquí de Beni Enzar (provincia de Nador) por parte de Marruecos “en el ejercicio de su soberanía”, prosigue el texto. “Este cierre unilateral por parte de Marruecos no es óbice, ni impedimento para que, sobre la base de los principios de buena vecindad, los servicios sanitarios, escolares y de administración pública en general de la Administración española en la Ciudad Autónoma de Melilla se vean fuertemente sobrecargados y, en ocasiones, incluso colapsados, por las atenciones proporcionadas a ciudadanos transfronterizos que, mediante la invocación de los citados principios de buena vecindad, acceden libremente a la ciudad reclamando la prestación de dichos servicios y provocando, de esta manera, una importante sobrecarga en la atención a la población de Melilla”, advierte el PP. <strong>“Existe, por tanto, un evidente desequilibrio entre las perspectivas con las cuales ambos países se aproximan a esta relación fronteriza”</strong>, ya que “parece que los principios humanitarios y de buena vecindad, escrupulosamente contemplados por el Estado español, son relegados en el caso marroquí mediante decisiones adoptadas en el uso legítimo de su soberanía, sin tener en consideración, al mismo tiempo, la necesidad de contribuir al mantenimiento de los niveles de sostenibilidad de la vida en las ciudades de Ceuta y Melilla, tal como cabría esperar de una adecuada interpretación de los acuerdos de buena vecindad suscritos entre ambos países” El PP recuerda que formuló una pregunta por escrito al Gobierno sobre las medidas adoptadas para “contrarrestar los efectos perjudiciales de esta acción unilateral por parte de Marruecos”, obteniendo como respuesta que “se había constituido un Grupo de Trabajo de Aduanas de ambos países, que se había reunido en dos ocasiones, al objeto de encontrar la solución más satisfactoria para ambas partes, y que aún no habían llegado a un punto de encuentro”. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a <strong>“manifestar su visión sobre esta serie de medidas adoptadas de manera unilateral sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos” </strong>y a <strong>“constituir una Comisión Interministerial, bajo la Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación</strong>, en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior, con la participación de representantes, al menos, de los Ministerios de Hacienda, Interior, Educación y Formación Profesional, Industria, Comercio y Turismo, Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por supuesto de los gobiernos de ambas ciudades autónomas, al objeto de <strong>analizar la situación en la que se encuentran Ceuta y Melilla</strong>”. A partir del trabajo de esta comisión, el Gobierno deberá proponer “las medidas que garanticen la sostenibilidad de la vida en ambas ciudades, frente a la sucesión de medidas de carácter unilateral implementadas por Marruecos en las fronteras internacionales”.
