<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros autorizó este pasado martes la ratificación del </strong><strong>Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el Tráfico de Órganos Humanos, suscrito por España en 2015, así como su remisión </strong><strong>a las Cortes Generales.</strong></h4> El Convenio, el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos, fue <strong>adoptado el 9 de julio 2014 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa</strong> a partir de un estudio conjunto elaborado en 2008 por el Consejo de Europa y por Naciones Unidas, y en el que también participó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España. Aquel estudio, presentado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en octubre de 2009, concluyó que, aunque existía una definición universalmente aceptada de la trata de personas, en la que se incluye también la trata con fines de extracción de órganos (en documentos legales vinculantes como el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos), <strong>el delito de tráfico de órganos (tejidos y células) no estaba adecuadamente abordado en los instrumentos legales existentes a nivel internacional.</strong> Por ese motivo, se consideró necesaria la elaboración de un tratado que definiera este tráfico como una violación de derechos fundamentales, que proporcionara una definición internacionalmente aceptada del tráfico de órganos y que especificara las medidas para combatir y prevenir este delito y para proteger a sus víctimas. El resultado fue la promoción de este <strong>Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra el Tráfico de Órganos Humanos</strong> por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa en abril de 2011. Tras su adopción en julio de 2014, <strong>el Convenio se abrió a la firma en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015</strong>, durante la Conferencia Internacional sobre el tráfico de órganos, y hasta el momento ha sido <strong>firmado por veinticinco países y ratificado por nueve</strong>, de los que tres han formulado declaraciones o reservas. <strong>Su entrada en vigor se produjo el 1 de marzo de 2018. </strong> <strong>España firmó el texto en el encuentro de 2015 en Santiago de Compostela, pero todavía no lo ha ratificado.</strong> De acuerdo con la Constitución, para ello se requiere la autorización de las Cortes Generales, debido a que las medidas previstas en el Convenio inciden en materias reguladas por ley en el ordenamiento jurídico español y comportan, en ocasiones, la adopción de decisiones restrictivas de la libertad personal como derecho fundamental. <strong>Las Cortes Generales españolas han sido disueltas hasta en cuatro ocasiones desde 2015.</strong> El Gobierno español ha incluido <strong>dos declaraciones</strong> al texto, una para el caso de que sea ratificado por Reino Unido y extendido al territorio de Gibraltar y otra relativa a las normas sobre jurisdicción de los tribunales de los Estados para perseguir los delitos. El Código Penal español castiga expresamente, desde 2010, todas las conductas previstas en este Convenio.
