<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>España está pendiente de transponer diez directivas europeas cuyo plazo venció en 2019 y deberá transponer otras 31 antes de que concluya el año, según informó el Gobierno.</strong></h4> En respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, el Ejecutivo aseguró que <strong>“España tiene abiertos 34 procedimientos de infracción por no transposición”</strong>, lo que le sitúa entre los Estados miembros con un mayor número de procedimientos de infracción, por debajo de los 43 de Grecia y Bulgaria, los 42 de Irlanda o los 41 de Bélgica. Pese a ello, añadió, “hasta el momento a España no se le ha impuesto ninguna sanción económica por falta de transposición”. Aparte, en la actualidad hay <strong>diez directivas pendientes de transponer cuyo plazo límite de transposición finalizó durante el ejercicio 2019 y 31 directivas pendientes de transponer cuyo plazo límite de transposición finaliza durante el ejercicio 2020</strong>. “El Gobierno pondrá todo su esfuerzo en transponer las directivas pendientes”, para lo cual “hará uso de todos aquellos instrumentos normativos que le confiere nuestro ordenamiento jurídico para acelerar al máximo la tramitación de las correspondientes normas de transposición”, aseguró el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria, depositada el pasado 20 de febrero. Por otra parte, el Gobierno informó de que, “por ahora, no cifras estimativas de posibles multas”. Una excepción es la <strong>Directiva (UE) 2016/680 sobre protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales</strong>, para la que la UE ha propuesto una multa coercitiva de 89.548,20 euros por día de retraso y una multa a tanto alzado de 21.321,00 euros por día de retraso (con <strong>un importe mínimo de casi 5,3 millones de euros</strong>). “El Gobierno está actualmente valorando las opciones legislativas disponibles en nuestro ordenamiento jurídico de tramitación urgente de una Ley Orgánica para su rápida transposición”, aseguró el Ejecutivo.
