<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El pleno del Senado instó este pasado miércoles al Gobierno a que suprima la exigencia del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero.</strong></h4> La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, consensuada con la mayoría de los grupos parlamentarias y fue aprobada con 235 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, pide al Ejecutivo que <strong>promueva e impulse, “en un plazo no superior a los seis meses”, una iniciativa legislativa “dirigida a suprimir el voto rogado”.</strong> Asimismo, insta al Gobierno a “colaborar con todos los grupos parlamentarios” en la elaboración de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para la supresión del voto rogado, “de tal forma que <strong>el texto final cuenta con el mayor consenso posible</strong>”. Los dos votos negativos fueron de los senadores de Vox (Grupo Mixto) y las nueve abstenciones del Grupo Parlamentario Vasco. Tanto la petición del plazo de seis meses como la necesidad del consenso con el resto de fuerzas fueron introducidas, mediante enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Popular, respectivamente. Durante el debate, uno de los ponentes, el <strong>senador socialista Artemi Rallo</strong>, recordó que la reforma a la LOREG que introdujo el voto rogado en 2011 (durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero) fue “bienintencionada” y tuvo el apoyo “unánime” de todos los grupos, pero “fue un error” porque “del 32% de participación de los españoles residentes en el exterior en las Elecciones del 2008, pasamos a un mísero 5% en los comicios de 2011”, algo que “ha venido ocurriendo en todas las elecciones celebradas desde entonces”. “Menos del 10% de los electores del extranjero solicitan su voto, pero, aun peor, solo el 5% llega a votar”, añadió. Pese a ello, según Rallo, en los últimos años no se ha hecho “nada” para cambiar esta situación porque , “hasta mayo de 2018 el Gobierno Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, miró hacia otro lado y se negó a impulsar esta reforma, con la excusa del riesgo de futuros fraudes, excusa que hoy carece de sentido”. “Tuvo que llegar un gobierno socialista en junio de 2018 para que esta reforma contara con el apoyo decidido del Gobierno de la nación, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del ministro (Josep) Borrell”, pero, “desgraciadamente”, la disolución de las Cámaras “abortó esta necesaria e indispensable iniciativa” y “la ceremonia de distracción del Partido Popular, arrastrando los pies y apelando al consenso, a la trampa del consenso, tuvo éxito”. En febrero de 2019, el Grupo Socialista y el Grupo Confederal Unidos Podemos presentaron una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados, pero no pudo salir adelante a causa de “la oposición del Partido Popular”, según declaró Borrell en el Senado por esas mismas fechas. Por su parte, la <strong>senadora popular Amelia Salanueva</strong> reconoció su “asombro” por las afirmaciones de algunos portavoces, “empezando por el proponente, del Grupo Socialista”, en el debate de “una moción que ha sido transaccionada por la mayoría de los grupos”. Asimismo, aseguró que la reforma de 2011 permitió conseguir “mayor seguridad jurídica y mayor transparencia” para evitar el fraude en el voto exterior, pero tuvo “efectos no deseados, como es la escasa participación de un derecho fundamental de los españoles en el extranjero”, razón por la cual el PP ha pedido “el mayor consenso” para cambiar la ley y para que la reforma del artículo 75 no suponga “un cheque en blanco para otras modificaciones que, por ejemplo, haya podido pactar el Partido Socialista con Podemos para su investidura”.
