<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>La tensión entre Bolivia y España subió ayer de tono, después de que la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, anunciara la expulsión de la encargada de Negocios y el cónsul español en La Paz, así como de los cuatro policías que les acompañaron a la residencia de la Embajadora de México. El Ejecutivo español replicó expulsando al encargado de Negocios y otros dos miembros de la Embajada de Bolivia en Madrid.</strong></h4> La conversación telefónica mantenida el sábado por la ministra de Defensa en funciones y responsable de Exteriores, <strong>Margarita Robles</strong>, con la canciller interina de Bolivia,<strong> Karen Longaric</strong>, no sirvió para calmar los autoridades bolivianas, que han decidido hacer una cuestión de honor del incidente registrado en la residencia de la embajadora mexicana el pasado viernes. Claramente enfrentado con México por el apoyo dado por el presidente <strong>Andrés Manuel López Obrador</strong> al anterior presidente de Bolivia, <strong>Evo Morales</strong>, y el refugio concedido a varios de sus colaboradores en la representación diplomática de México, el Gobierno boliviano no ha dejado pasar la oportunidad brindada por la confusa visita de la encargada de Negocios española, <strong>Cristina Borreguero</strong>, y del cónsul en La Paz, <strong>Álvaro Fernández</strong>, escoltados por cuatro miembros de los GEO que se cubrieron el rosto al ser reconocidos por los opositores a Morales que se congregaban ante la casa de la embajadora. Bolivia ha incluido a España en el grupo de países que tratan de dar oxígeno a Morales y así ha interpretado la visita de los diplomáticos españoles, achacándoles la intención de facilitar la huida de algunos de los refugiados en la Embajada mexicana. En una comparecencia ante los periodistas, Áñez, que anunció también la declaración de persona “non grata” de la embajadora mexicana, <strong>María Teresa Mercado</strong>, afirmó: "Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia". Ayer, en un comunicado emitido por la Presidencia del Gobierno, España vuelve a rechazar “tajantemente” cualquier insinuación sobre una “supuesta <strong>voluntad de injerencia</strong> en los asuntos políticos internos de Bolivia”. “Para España, cualquier afirmación en este sentido -añade-, constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”. Además, el Ejecutivo español España exige al actual gobierno interino de Bolivia que “reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación entre nuestros dos países, tan necesario ahora como siempre”. Finalmente, el comunicado señala que “en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia de declarar como 'persona non' grata a dos diplomáticos españoles, <strong>España ha decidido, a su vez, declarar 'persona non grata' a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano</strong> acreditado en nuestro país y darles un plazo de 72 horas para abandonar España”. Los miembros de la Embajada boliviana expulsados son el <strong>encargado de Negocios, Luis Quispe Condori</strong>, que estaba al frente de la Embajada desde la destitución del embajador, Jorge Ramiro Tapia, que había sido nombrado por Evo Morales; así como el <strong>agregado militar Marcelo Vargas Barral</strong>; y el <strong>agregado policial, Orso Fernando Oblitas Siles</strong>. Bolivia dio también a los miembros de la Embajada española expulsados un plazo de 72 horas para dejar el país. Dado que el<strong> embajador, Emilio Pérez de Ágreda, se encuentra de vacaciones, tras haber contraído matrimonio</strong>, al frente de la representación diplomática quedará el canciller para encargarse de los asuntos corrientes de la Misión. En cuanto a los policías expulsados, ya estaba prevista su vuelta a España, que había sido paralizada por el Ministerio del Interior hasta que se produjera la investigación anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras las expulsiones, los responsables de Exteriores han decidido <strong>suspender el envío de los funcionarios que iban a viajar a La Paz</strong> para llevar a cabo la investigación, ya que podrán hacerla en España cuando regresen los expulsados.
