Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador Civil del Estado
La izquierda española tiene un problema. No ha sabido descolgarse del marxismo. En 1979 Felipe González dio un valiente paso para superarlo. Exigió que el marxismo fuese eliminado del ideario del PSOE. Fue una decisión acertada que le permitió llegar al poder en 1982.
Lamentablemente, tras la Transición, los círculos intelectuales autodenominados progresistas atribuyeron una presunta superioridad moral al marxismo que impulsó la expansión de chiringuitos asociativos muy proclives a excusar todo crimen o delito de la izquierda. O estabas con ellos o eras un fascista.
La izquierda debería aprender a diferenciar claramente entre el socialismo marxista y el socialismo democrático. Así ocurre en Europa y así debería ser aquí. El socialismo democrático atribuye más importancia al sector público que la derecha liberal, que cree más en el sector privado.
El totalitarismo de la izquierda marxista debe ser puesto a la luz definitivamente en el siglo XXI. El Manifiesto Comunista sólo ha creado dictaduras. Por ello, es de gran valor la reciente resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019, sobre la “Importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa”.
Es una llamada de atención a todos los ciudadanos de buena fe, sean de izquierdas o de derechas. Recuerda “que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”. Y pide a todos los estados miembros que “sensibilicen a la nueva generación con respecto a estas cuestiones”.
En España tenemos ahora una buena oportunidad para que se deje de dar vueltas a las cosas y se opte por el camino de la verdad de los hechos. Descalificar a otros y a la vez ocultar nuestros muertos en el armario es hipócrita. Habría que caminar hacia una nueva transición en las actitudes políticas.
Cierto es que esto exigiría, como gesto, renunciar a la sesgada Ley de Memoria Histórica y dar un amplio plazo para que los profesionales analicen los hechos de forma integral. Pero, sobre todo, habría que consensuar unos principios básicos de ética para establecer normas de Buena Política. Principios tan sencillos como “No mirar la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio”, así como una sencilla pero contundente normativa para evitar la corrupción.
La mayoría de los españoles no somos ingenuos. No nos parece que, hoy por hoy, la casta política esté dispuesta a introducir ese cambio en los comportamientos. La realidad del siglo XXI nos terminará mostrando que no hay otro camino. No obstante, esperemos que el sentido común y la objetividad se hagan más frecuentes.
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