<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó ayer una propuesta de modificación de la Ley de Acción Exterior que obligaría a las comunidades autónomas a pedir la autorización expresa del Gobierno para la apertura de cualquier delegación fuera de España y que dotaría al Ministerio de Exteriores de la capacidad de imponer sanciones contra las actividades que comprometan “la unidad de la Acción Exterior del Estado y la política exterior”.</strong></h4> La proposición de ley, que fue presentada ayer en el Congreso y anunciada por <strong>la portavoz de la Ejecutiva y líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán</strong>, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente, recuerda que la <strong>Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014</strong> “establece que cualquier acción exterior que lleven a cabo las comunidades autónomas deberá estar en línea tanto con el interés general de España como con las directrices que fije el Gobierno de España” y deja claro que <strong>“cualquier acción exterior que lleven a cabo las comunidades autónomas no podrá perjudicar ni influir la política exterior que fije el Gobierno de España”.</strong> Aparte, pese a que la ley determina que las comunidades autónomas tienen la obligación de informar al Estado, con carácter previo, para la apertura de oficinas para su promoción exterior, <strong>“algunas representaciones han extralimitado sus competencias”</strong>. Ese es el caso de la <strong>Generalitat de Cataluña</strong> y de su ley de acción exterior y de relaciones con la UE, que fue rechazada por el Tribunal Constitucional y que “se enmarca en la estrategia del secesionismo de extender su relato falso sobre España, sus representantes y sus instituciones en el exterior”. Ciudadanos recuerda también que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que conllevó el cierre de las representaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior, el Gobierno catalán de Quim Torra decidió “restaurar esa red” en octubre de 2018. <strong>“Pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación había emitido sendos informes negativos sobre la reapertura, el gobierno autonómico catalán continuó con su plan al no existir mecanismos ni instrumentos legales para frenar dichas pretensiones por parte del Gobierno”</strong>, lamenta. Por ese motivo, la <strong>modificación de la Ley propuesta por Ciudadanos</strong> “tiene por finalidad reforzar los instrumentos para su planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior del Estado, con la finalidad de asegurar la coherencia del conjunto de actuaciones que la constituyen, su adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior y el cumplimiento de los principios de coordinación, cooperación, lealtad institucional y eficiencia previstos en la Ley”. Ello implica una propuesta de modificación del artículo doce de la Ley de 2014 en la que se establece que <strong>el establecimiento de oficinas para su promoción exterior por parte de las comunidades autónomas “requerirá de previa autorización por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación</strong>, que velará por la adecuación de la propuesta a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, a la Estrategia de Acción Exterior y a los principios que se establecen en esta Ley, en particular, los de unidad de acción en el exterior, de lealtad institucional, coordinación y cooperación y de eficiencia". Aparte, los establecimientos de las oficinas de promoción exterior de las comunidades autónomas “deberán cumplir los preceptos previstos en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas”, además de que “deberán lucir, tanto en el interior como en el exterior, junto a sus distintivos propios, el de <em>Acción Exterior de España</em>, en los términos que se establezcan por Orden del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”. La reforma de la Ley dota, además, al Ministerio de Asuntos Exteriores de <strong>“potestades de supervisión y sanción sobre actividades que pudieran comprometer la unidad de la Acción Exterior del Estado y la política exterior”. </strong>
