José A. de Yturriaga Ph-D.
Embajador de España
En sus ansias de construir la estructura de un estado independiente, la Generalitat de Cataluña ha intentado crear un Ministerio de Asuntos Exteriores y una red de representaciones seudodiplomáticas en el exterior. De conformidad con la Constitución, corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Cataluña estableció una delegación en Bruselas para seguir los asuntos de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional afirmó en 1994 que no todas las actividades de relaciones exteriores de una comunidad autónoma suponían una interferencia en la competencia exclusiva del Estado y que era legal el establecimiento de una delegación del País Vasco en Bruselas.
Cataluña, estableció delegaciones en Londres, París, Berlín, Nueva York y Ginebra, y posteriormente en Viena, Lisboa, Zagreb, Estocolmo, Riga y Beirut. Últimamente decidió la apertura de otras en Méjico, Buenos Aires y Túnez. Al mismo tiempo, la Generalitat ha desarrollado considerablemente la Consejería de Relaciones Exteriores, y el Servicio Diplomático de la Comunidad -DiploCat- y no ha escatimado esfuerzos y gastos para financiar su diplomacia paralela.
El Estatuto de 2006 estableció que la Generalitat debía impulsar la proyección de Cataluña en el exterior “respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores” y podía establecer oficinas en el extranjero. En 2014, el Parlament adoptó la Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la UE, calcada de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior, en base a que -al haberse difuminado el concepto de soberanía- se habían modificado las reglas sobre las relaciones internacionales. El Govern dirigía, ejecutaba y coordinaba la acción exterior de la Generalitat a través de sus representaciones en el extranjero. El Estado parecía haber desaparecido de la faz de la tierra catalana, pese a que las actividades de las comunidades autónomas en el exterior habían de respetar los principios establecidos por el Estado y adecuarse a sus directrices. La Ley catalana simplemente reconocía “el cumplimiento del principio de lealtad institucional y la búsqueda de sinergias con el Gobierno del Estado”.
Las delegaciones de la Generalitat han sido piezas claves para presentar ante la opinión pública internacional el derecho a la autodeterminación de Cataluña y justificar su separación de España. Por ello el Gobierno central, al aplicar el artículo 155 de la Constitución, suprimió DiploCat y cerró todas las delegaciones salvo la de Bruselas. Tras la instauración del Gobierno de Joaquim Torra, el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, restauró el DiploCat y reabrió las delegaciones cerradas y nombró jefa de la delegación de Bruselas a Meritxell Serrret, ex–consejera prófuga de la Justicia.
La ministra portavoz, Isabel Celáa, afirmó que en el Gobierno veían con respeto la “reapertura de las embajadas” (sic), pero Josep Borrell recurrió dicha reapertura porque la Generalitat no había solicitado el informe previo del Ministerio. Maragall anunció que seguiría con su plan de reactivar las delegaciones clausuradas y de abrir otras nuevas, y acusó al Gobierno de limitar la presencia de la Generalitat en el exterior.
Su sucesor, Alfred Bosch, ha continuado con esa política expansionista. Especial relevancia ha tenido la apertura de la delegación en Méjico, debido a la disparatada exigencia de su presidente, Andrés López Obrador, al Rey Felipe VI de que se disculpara por los agravios cometidos por los españoles durante la conquista. Bosch manifestó que durante ella se produjo un genocidio -“una verdad histórica demostrada”- y presentó sus disculpas en nombre del Govern. Mostró su apoyo a los pueblos indígenas y se ofreció como mediador entre las autoridades mejicanas y españolas. En contrapartida, el representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas expresó el apoyo de éstos a la autodeterminación del pueblo catalán.
Un centenar de miembros del Foro de Profesores ha escrito al Canciller mejicano, Marcelo Ebrard, para informarle que las delegaciones de la Generalitat se dedicaban a defender el derecho a la libre determinación de los catalanes y a justificar la escisión de Cataluña de España. La Generalitat había creado su oficina en Méjico antes de haber recibido el preceptivo informe del Gobierno español, que fue negativo.
Borrell ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el cese de las actividades de las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra por contravenir la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. Ha recurrido asimismo la apertura de las representaciones en Méjico, Argentina y Túnez, que constituyen un elemento fundamental para promover el secesionismo.
Las delegaciones catalanas han fracasado en su empeño de conseguir reconocimientos, pero la labor de la diplomacia española ha sido impecable, ya que no ha habido un solo Estado que haya reconocido la independencia de Cataluña. No cabe decir lo mismo de la opinión pública internacional, que ha sido sensibles a la hábil propaganda de la Generalitat de presentar al David catalán oprimido por el Goliat español, ante la pasividad del Gobierno central.
Según el Ministro Consejero de una Embajada europea en Madrid, en contraste con las facilidades que concedía la Generalitat, el Gobierno no daba ninguna, y la única vez que los convocaron para un “briefing”, les echaron una bronca por no informar adecuadamente de lo que pasaba en Cataluña. La situación ha mejorado algo pese a las insuficiencias de la Secretaria de Estado de España Global.
La influencia benéfica de Borrell se ha visto, sin embargo contrarrestada por la actitud de la ex-ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, -totalmente entregada al nacionalismo-, y del propio presidente, Pedro Sánchez, que llegó al poder gracias a los votos de los separatistas, a los que sigue necesitando para mantenerse en el Gobierno. La entrevista de Pedralbes con Torra fue inconcebible. Concluyó con un comunicado conjunto en el que se aceptaba la existencia de un conflicto en Cataluña y la necesidad de dar una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía catalana, al margen de la Constitución. Sánchez admitió la designación de un relator, mediador o notario internacional para facilitar las negociaciones entre los dos Gobiernos.
Cabe esperar que la designación de Borrell como Alto Representante de Política Exterior de la UE suponga un freno al reconocimiento de una Cataluña independiente por parte de la Unión. Prueba de ello han sido los ataques furibundos que ha recibido por parte de los medios nacionalistas y la campaña de difamación y descrédito de la que ha sido objeto. Ha sido acusado de urdir una trama de espionaje contra los dirigentes independentistas catalanes, y de utilizar ilegalmente para ello los fondos públicos. Ahí les duele, porque el Tribunal de Cuentas ha estimado que, entre 2013 y 2017, la Generalitat destinó fondos públicos para financiar ilegalmente el ‘procés’, incluidos los 1.39 millones de euros pagados al grupo “Independent Diplomat” de Carme Ross.
El principal objetivo de la paralela diplomacia catalana ha sido internacionalizar el ‘procés’ y obtener el reconocimiento de la UE, pero ésta y sus estados miembros han apoyado a España, con la notoria excepción de Bélgica, cuyos tribunales han negado la extradición de Puigdemont y de otros por no fiarse de la independencia de la Justicia española. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Bélgica por no haber entregado a la etarra Natividad Jaúregui para ser juzgada por el asesinato del teniente coronel Romeo.
El grito de guerra de los almogávares era “¡Venganza catalana te alcance!”. Ahora, con el transcurso del tiempo y la transformación del Reino de Aragón en la República de Cataluña, ese lema ha sido sustituido por el de “¡Diplomacia catalana te alcance!”.
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