<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Alrededor de 240 personas de nacionalidad española o residentes en España se han desplazado en los últimos cinco años a zonas de conflicto como Siria e Irak para unirse a las organizaciones terroristas que operan en esos países, según informó el Gobierno en funciones.</strong></h4> En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguró, a principios del presente mes de julio, que <strong>en torno al 20% de estas personas tendrían la nacionalidad española</strong>. Asimismo, “existen indicios” de que <strong>alrededor del 27% de estos combatientes terroristas extranjeros (CTE) “podrían haber fallecido” y de que casi un 20% “habría retornado a España o a otros países</strong>”. Tanto entre los fallecidos como entre los retornados, el porcentaje de personas con nacionalidad española es similar, el 20%. El pasado mes de noviembre, la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana María Botella, informó de que se había identificado a 234 combatientes desplazados desde España a zonas de conflicto en los últimos años, 57 de ellos ya fallecidos y 44 que han retornado. En conjunto, las cifras son muy inferiores a las de Francia (1.700) o Bélgica (más de 400). Por otra parte, el Gobierno en funciones informó, en otra respuesta parlamentaria, de que alrededor de <strong>125 presos por delitos comunes están actualmente radicalizados en las cárceles españolas</strong>, una cantidad que se incrementó considerablemente en diciembre de 2015, con 125 casos frente a los 70 de un año antes. Estas cifras incluyen a presos que han mostrado indicios de radicalización, que han llamado la atención por actividades proselitistas y que han estado vinculados, de alguna manera, con organizaciones terroristas de carácter islámico. Según la última edición del Foro Elcano sobre Terrorismo Global, de noviembre de 2018, el 10,5% de los yihadistas condenados o muertos en operaciones policiales en España entre 1996 y 2016 se habían radicalizado en las cárceles, un porcentaje, en todo caso, menos relevante que el de Reino Unido, Francia o Bélgica y que el de otros ámbitos de radicalización en nuestro país, como los domicilios privados (el 50%) o los centros de culto (el 40%). Asimismo, el Ejecutivo aseguró en la misma respuesta parlamentaria de que en la actualidad hay <strong>al menos 129 personas encarceladas por actividades yihadistas en España</strong>. La cifra ha ido en claro aumento en los últimos diez años. En 2009 se registraban 62 presos, en diciembre de 2015 la cantidad ya era de 93 y sólo un año más tarde ya alcanzaba los 125. Según Ana Botella, desde 2004 han sido detenidas en España más de 700 personas por terrorismo yihadista, incluidos extranjeros de “once países diferentes”.
