The Diplomat
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, convocó este pasado miércoles al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea Bohórquez, para transmitirle la repulsa del Gobierno de España por el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta, “presuntamente debido a los malos tratos que le habrían sido infligidos mientras se encontraba bajo custodia de los cuerpos de seguridad venezolanos y que habrían tenido lugar desde el momento de su detención hasta su comparecencia ante los Tribunales de Justicia”.
Según informó el Ministerio, Borrell trasladó al embajador la petición del Gobierno para que “las circunstancias del fallecimiento del capitán sean objeto de una investigación independiente, expedita y rigurosa” y para que “todos los eventuales responsables de su muerte, sin exclusión, sean sometidos a la actuación de la justicia”. Igualmente, el ministro se interesó por el estado de salud del resto de los detenidos durante el mismo operativo en el que fue arrestado el capitán Acosta, el pasado 21 de junio.
Durante el encuentro, el ministro recordó al embajador que “aún no se ha dado respuesta adecuada” a la solicitud análoga que le formuló en octubre tras la muerte de Fernando Albán, concejal del partido político Primero Justicia, que “también se produjo bajo custodia, en este caso del Servicio Bolivariano de Inteligencia, al precipitarse por una ventana en extrañas circunstancias”.
El embajador de Venezuela informó al ministro de la detención preventiva de dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar como presuntos responsables de la muerte del capitán Acosta y se comprometió a suministrar próximamente información en relación al caso del concejal Fernando Albán, añadió el Ministerio.
Asimismo, Borrell reiteró a Isea “la profunda preocupación del Gobierno de España por la situación de los derechos humanos en Venezuela” y reclamó “la liberación de todos los presos políticos y el respeto al debido proceso y a los derechos e integridad de todas las personas privadas de libertad”.
