<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la adopción de una medida cautelar para paralizar la actividad de las delegaciones catalanas en Alemania (Berlín), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra).</strong></h4> La Abogacía del Estado presentó este pasado lunes la solicitud en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Decreto de la Generalitat de Cataluña por el que se restablecen las delegaciones en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, que habían sido cerradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras la aplicación, en 2017, del artículo 155 de la Constitución. El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que el restablecimiento de las oficinas exteriores de la Generalitat persigue un “<strong>fin inconstitucional, como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio, además, para la política exterior de España”</strong>. Aparte, aunque “la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado”, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra <strong>“responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña”</strong>, razón por la cual la solicitud de medidas cautelares “se circunscribe, en este momento, a la actividad de esas tres delegaciones”. El pasado 25 de septiembre, la Abogacía del Estado interpuso ante el TSJC un recurso contencioso administrativo contra el Decreto de la Generalitat de Cataluña, por considerar que contraviene la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó desfavorablemente sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de abrir nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez y ordenó a la Abogacía del Estado que recurriera, en vía contencioso administrativa, la apertura de unas embajadas cuyo objetivo es “promover el secesionismo y denigrar la imagen de España”.
